Por su orientación sexual e identidad de género, muchas personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) han estado históricamente sometidas a discriminación y violencia en varios aspectos de sus vidas. En numerosos países, la homosexualidad sigue siendo penalizada, y, en algunos casos, hasta sancionada con la pena de muerte. Inclusive en los países donde la diversidad sexual y de identidad de género es aceptada legal y socialmente, persisten discriminaciones contra las personas LGBTI, particularmente, en contextos de privación de libertad. En esta situación de especial vulnerabilidad, son, con frecuencia, víctimas de humillaciones, violencia física y violación sexual por parte del personal penitenciario y de las otras personas privadas de libertad.
En un reciente informe sobre la violencia contra activistas transgénero de derechos humanos en América Latina, el 95 por ciento de las entrevistadas informaron que habían sufrido violencia por parte de la policía, ya sea en la calle, en los coches de patrulla o en postas policiales. Sumado a esto, cuando son detenidas, las autoridades suelen ubicarlas en unidades que no corresponden a su identidad de género o amenazarlas con transferirlas a pabellones o áreas donde hay un gran riesgo de abuso sexual o violaciones. En muchos casos, la única solución que se les ofrece para su protección durante la detención es el aislamiento o el confinamiento solitario, que conlleva a graves consecuencias psicológicas de mediano y largo plazo, y, frecuentemente, a la exclusión de esta población de las actividades laborales o educativas, lo que repercute negativamente en sus oportunidades de reinserción.
Con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) insta a los Estados a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para brindar una protección adecuada a todas las personas LGBTI contra dichas vejaciones y violencia a su dignidad e integridad. En este marco, la APT quisiera llamar la atención, como ejemplo de buena práctica, sobre una resolución, publicada el pasado 15 de abril por el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria y el Consejo Nacional de Combate a la Discriminación de Brasil, que establece estándares para la privación de libertad de las personas LGBTI en los centros penitenciarios del país. Dentro de estas recomendaciones, se destacan la garantía de las visitas íntimas sin discriminación basada en la orientación sexual, la garantía de atención integral a la salud, incluyendo el mantenimiento del tratamiento hormonal, espacios reservados dentro de los centros donde las personas puedan ser transferidas, de modo a garantizar su integridad física y psicológica si así lo desean, y con su consentimiento expreso.
La APT espera que estándares similares sean adoptados e implementados en la práctica a nivel mundial, en aras de proteger la dignidad e integridad física y psicológica de las personas LGBTI privadas de libertad.
Documentos relacionados:
- Briefing temático de Penal Reform International y APT: Personas LGBTI privadas de libertad: un marco para el monitoreo preventivo (en inglés y ruso -próximamente disponible en español)
- Resolución conjunta N°1 del 15 de abril de 2014 del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria y del Consejo Nacional de Combate a la Discriminación (en portugués)
