El director del INDH, Yerko Ljubetic, asistió a la comisión de Derechos Humanos del Senado, en la cual valoró el proyecto de ley que regula las modalidades de financiamiento de sitios de memoria.
“Los elementos centrales de la justicia transicional —verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición— son obligaciones del Estado, las que deben cumplir a través de distintos instrumentos. Por eso la importancia de esta iniciativa”, explicó el director del INDH.
Es relevante recordar que el proyecto de ley fue presentado en septiembre de 2025 y busca dar respuesta a la sostenibilidad de los sitios de memoria. En los fundamentos de la iniciativa, se indica que el resguardo de los sitios ha sido “históricamente sostenida” por asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y familiares.
Ljubetic señaló además que el proyecto “conecta, por un lado, los elementos de reparación desde el punto de vista del reconocimiento de lo que ocurrió, la dignificación de las víctimas y, por otro, el conocimiento de las generaciones más jóvenes acerca de lo ocurrido. Es una cuestión importante, porque la memoria no puede descansar en los sobrevivientes, no puede agotarse ni extinguirse con los familiares, sino que tiene que ser algo que nos acompañe como sociedad”.
En su exposición el director indicó que el Consejo del INDH valora el proyecto de ley, señalando que los sitios de memoria cumplen una función esencial al preservar la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Es así como se indicó que su existencia no puede depender sólo de organizaciones de la sociedad civil ni de mecanismos inestables de financiamiento.
En su exposición, el director planteó elementos de mejora del proyecto de ley, como fortalecer el rol de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para que tenga competencias sustantivas en la identificación, protección, gestión y financiamiento de los sitios de memoria que aseguren una conducción de la política pública desde un enfoque de derechos humanos.
Asimismo, se relevó la recomendación planteada por el Consejo del INDH de contar con una política integral de memoria de acuerdo a lo que señalan los estándares internacionales de derechos humanos, que aborde de manera articulada verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en un solo cuerpo normativo.
