
Directora del INDH, Consuelo Contreras, indicó que la situación sufrida por la madre de Franco Vargas, el conscripto fallecido en Putre, “hace fortalecer nuestro convencimiento de que este caso debe ser visto por la justicia civil”.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, expresó su preocupación por las recientes diligencias realizadas por la justicia militar en el Caso Conscriptos. Esto, debido a que se informó que la ministra en visita Jenny Book instruyó la exhumación y autopsia del cuerpo de Franco Vargas, diligencia que no se consultó con su madre.
Romy Vargas es la madre del conscripto que falleció a fines de abril mientras realizaba su servicio militar en la Brigada Huamachuco del Ejército en Putre. Debido a su muerte, así como por las vulneraciones denunciadas por algunos de sus compañeros el INDH presentó dos querellas en el Juzgado de Garantía de Arica. Ese caso se encuentra paralizado en la justicia ordinaria, en virtud de una orden de no innovar impuesta por la Corte Suprema.
No obstante, la causa abierta en la justicia militar por los mismos hechos sigue activa y es así como la ministra en visita Jenny Book, según anunció la página web del Poder Judicial, realizó una serie de diligencias en Arica.
Directora recuerda situación de la víctima
La directora del INDH dijo que “estamos muy preocupados por lo ocurrido en las últimas horas respecto del caso de Putre. Anoche estuvimos en el INDH con la madre de Franco Vargas. Se ha señalado que la justicia militar sigue avanzando en la investigación. Ha ordenado la exhumación y la autopsia de Franco Vargas sin informarle a la madre. La madre se enteró por la página web del Poder Judicial”, señaló la directora.
Contreras indicó además que “ninguna de las partes involucradas hemos sido informadas. Pero lo que a nosotros más nos preocupa es que la madre es una víctima en esta situación, es una víctima de violación a derechos humanos y aquí se ha faltado el más básico sentido de humanidad. Es una madre cuyo hijo ha muerto en condiciones sospechosas y requiere toda la transparencia de la justicia que sea necesaria. Nos hace fortalecer nuestro convencimiento de que este caso debe ser visto por la justicia civil”, concluyó.
Tráfico de influencias
La directora del INDH dijo que el Caso Conscriptos es uno de los dos casos que el Instituto estima pueden verse afectados por el tráfico de influencias, que motivó a su vez la presentación de una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
“Vamos presentando las querellas caso a caso y vamos analizando cada una de las situaciones. Este caso, el del tráfico de influencias, creemos que afecta dos querellas que tenemos presentadas. Una en el Caso Topógrafo y otra el Caso Conscriptos. Queremos asegurar que en las causas de DD.HH. que nosotros llevamos, se cumpla con el debido proceso y específicamente la imparcialidad de los jueces”, indicó la directora.
Además, recordó que la presentación de la querella por tráfico de influencias se enmarca dentro de las atribuciones del INDH. “Tenemos que tomar todas las acciones que sean necesarias con el fin de que el Estado no sea después sancionado por tribunales internacionales por no cumplir con los procesos en los casos de DD.HH. Eso es lo que limita nuestra actuación”, explicó.
De todos modos, la directora valoró que la Corte Suprema convocara a un pleno para analizar el tema del nombramiento de jueces. “Nos parece interesante que la corte esté trabajando en ese tema. Es una muestra de la importancia que le dan al tema de la transparencia”, concluyó.