En el marco del próximo décimo aniversario de la adopción por la OEA (junio de 2015) de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la directora del INDH, Consuelo Contreras y el presidente de la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores, Juan Domingo Milos, estiman indispensable pasar revista a diversos hechos recientes que inciden en el goce y ejercicio de los derechos de las personas mayores en nuestro país, destacando lo siguiente:
a) Los primeros resultados del Censo 2024, ratifican la tendencia al envejecimiento acelerado de la población, fenómeno que se une al descenso de la tasa de natalidad. Al contrastarlo con resultados de los censos precedentes, se observa un alza del porcentaje de personas de 65 años o más. En el Censo 2024 esta tasa alcanzó el 14%, mientras que el estudio de 1992, hace 32 años era 6,6%. Además, fue de 8,1% en 2002 y de 11,4% en el censo abreviado de 2017. Así, en la actualidad, por cada 100 personas de 14 años o menos hay 79 personas de 65 años o más. Esta cifra era 22,3 en 1992, de 31,3 en 2002 y de 56,9 en 2017. (Cabe señalar que se consideró a los mayores de 65 años, siendo las “personas mayores” en Chile, las de 60 o mas años)
El fenómeno descrito tendrá profundas consecuencias en el ámbito económico, previsional y social, constituyendo su tratamiento uno de los más grandes desafíos en los próximos años, de parte de los gobernantes y la sociedad en general. El INDH y la Alianza sostienen que el debate y las soluciones que se emprendan deben efectuarse sin menoscabo de los DDHH de las personas mayores, asegurando su pleno ejercicio en forma justa y digna.
b) La suspensión de la tramitación del proyecto de ley integral sobre las Personas Mayores y el Envejecimiento Digno, iniciado por el Gobierno anterior en Octubre de 2020, actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas/os (Comisión de Hacienda). En efecto, se cumplirán ocho meses desde que el Ejecutivo, tras tres años de intensa promoción, retiró toda urgencia al proyecto, lo que es preocupante, atendido que, a pesar de algunas deficiencias, constituye un avance en el reconocimiento y eficacia de los derechos contemplados. Si bien la Comisión de Hacienda ha citado para reanudar el debate el 9 de Abril, no se ha aclarado por el Ejecutivo, si se ingresarán indicaciones que acojan legítimas dudas, manteniendo sin información a las entidades que suscriben y a decenas de organizaciones (61) que solicitaron la reanudación. Propiciamos que el proyecto que, entre otros, reafirma el derecho a la participación de las personas mayores, culmine su tramitación con amplia conocimiento de sus alcances y los motivos de fondo que han causado su notoria demora (4 años y medio) y por segunda vez, una larga suspensión en el debate parlamentario.
c) Hechos de violencia y asaltos ocurridos en contra de personas mayores, incluso con resultado de muerte, que han impactado a la opinión pública, forman parte de nuestra profunda preocupación por las lamentables consecuencias que acarrea, tales como aislamiento, deterioro de salud mental, depresión e inseguridad, lo que destruye la autonomía de las personas mayores. Es un fenómeno muy difícil de enfrentar por las distintas formas de violencia y la multiplicidad de lugares en que pueden suceder, con frecuencia asaltos en calles, parcelas y plazas. Valoramos que la Subsecretaria de Prevención del Delito, por primera vez haya publicado cifras de ataques y violencia contra personas mayores, en forma desagregada. Asimismo, es positiva la atención que viene prestando a estos delitos, la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, de la Cámara de Diputadas/os.
Hacemos un llamado, culmine o no la ley integral, a poner en ejecución en plenitud la totalidad de los derechos de las personas mayores, que en la Convención Interamericana antes citada, son 27 derechos y garantías, de obligado cumplimiento para el Estado de Chile, atendida la promulgación de este instrumento internacional el 1 de Septiembre de 2017. Hay brechas importantes que cubrir (la Alianza ha detectado aproximadamente 60) y para ello se hace indispensable contar con un claro y eficiente sistema de protección, que actúe con independencia de las entidades responsables de ejecutar las políticas y hacer efectivos tales derechos.
