El 23 de diciembre pasado, entró en vigencia “La Convención Internacional para la Protección de las Personas víctimas de Desaparición Forzada” después de que 21 países completaran su proceso de ratificación.
Los países que han incorporado a sus legislaciones este instrumento internacional son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Francia, Alemania, Honduras, Irak, Japón, Kazajistán, Mali, México, Nigeria, Paraguay, Senegal, España y Uruguay.
Entre los compromisos que se asumen al ratificar esta convención figuran el de investigar el paradero de la persona desaparecida, perseguir a los responsables y garantizar una reparación para sus familias.
Los expertos del Grupo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas felicitaron este avance en materia de derechos humanos, aunque advirtieron de que se trata de un problema que sigue estando ampliamente extendido.
Ese grupo cuenta con informaciones de casos de desapariciones forzadas en 40 países de todas las regiones del mundo, indicaron.
Además, “seguimos viendo centros de detención secretos y secuestros, por parte de agentes estatales, de disidentes políticos y personas acusadas de terrorismo, así como casos de acoso contra los familiares de desaparecidos, y una impunidad generalizada”, lamentaron.
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Fuente: Cooperativa
