

La acción legal fue admitida a tramitación por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que decretó una orden de no innovar, cuya comunicación fue extendida inmediatamente vía correos electrónicos al Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y a la Policía de Investigaciones de manera de detener la expulsión de los amparados.
Paralelamente se tomó contacto con la base aérea y la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Extranjería de Santiago, quienes tomaron razón de la notificación y señalaron que informarían la adopción de las medidas para cumplir con la resolución legal.
Finalmente el avión con los amparados trasladó a los ciudadanos a la República de Colombia, no dando cumplimiento a la orden judicial, por lo que el INDH estudia las acciones legales, dada la configuración de vulneración de derechos, y el incumplimiento por parte del Gobierno y de la PDI de una orden emanada de los tribunales de justicia.