Los hechos ocurrieron el pasado 3 de noviembre, mientras regía el estado de excepción. El INDH, que actúa como querellante, recurrió a la Corte de Apelaciones Concepción pidiendo prisión preventiva para ambos perpetradores.

Ante el Juzgado de Garantía de Cañete el fiscal Nelson Vigueras formalizó a los funcionarios de la Armada L.F.V.C. (teniente segundo) y R.J.S.S.M. (cabo primero) por el delito de homicidio simple perpetrado contra Yordan Llempi, el pasado 3 de noviembre de 2021 en Cañete. El juez Cristián Rosenberg no les impuso medidas cautelares y por ello el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que actúa como querellante en el caso, requirió a la Corte de Apelaciones de Concepción la prisión preventiva de ambos.

De acuerdo con el relato ofrecido por el Ministerio Público en la audiencia de formalización, los hechos ocurrieron durante la tarde del 3 de noviembre de 2021, mientras en la provincia de Arauco se encontraba vigente el estado de excepción constitucional. Un grupo que dirigía el teniente L.F.V.C. y dentro del cual estaba el cabo R.J.S.S.M. avanzó disparando por la ruta P72S, en la comuna de Cañete, en dirección a una zona donde había civiles.

Según el fiscal Nelson Vigueras, el teniente L.F.V.C. disparó en este avance cinco tiros del total de 19 que realizó durante la jornada. Mientras que el cabo R.J.S.S.M., por órdenes del teniente, hizo 53 disparos de munición letal, de los 58 que efectuó ese día. El grupo a cargo de L.F.V.C. hizo cerca de 130 tiros en este sitio. Los disparos fueron en dirección a predios donde había casas.

En uno ellos estaba Yordan Llempi, quien recibió una bala que ingresó por el hombro y causó graves daños. Debido a esta herida, el joven fue llevado por su familia, en un auto particular, primero a la posta de Ranquilhue y luego al CESFAM Tirúa, donde se constató su muerte.

En su intervención ante el juzgado de Cañete, el INDH solicitó la prisión preventiva para ambos funcionarios de la Armada porque es indispensable para el éxito de la investigación. En su exposición, el INDH de Biobío recordó que los funcionarios tardaron horas en entregar el registro audiovisual de los hechos a la PDI y que una vez que éste fue revisado, se detectó que algunas de las secuencias habían sido eliminadas.

“Entendemos que estos antecedentes no sólo nos permiten establecer que existe una sospecha fundada de que pudieran obstaculizar la investigación, sino que lo demuestra”, dijo la abogada del INDH Carolina Alvear ante el magistrado Rosenberg durante la audiencia.

Hay que recordar que desde que se produjeron los hechos, el INDH realizó un acompañamiento a los familiares de Yordan Llempi. El equipo de Biobío del instituto asistió a la autopsia, luego continuó informando a la familia sobre los avances de la investigación y dentro de unos días está programado que la jefa del Biobío, Carolina Chang, concurra a su domicilio a fin transmitir las nuevas resoluciones de la causa.

El tribunal decretó un plazo de investigación de cuatro meses.