Formalizan a ex director de la Residencia Alihuen por apremios ilegítimos contra tres jóvenes con discapacidad intelectual

Formalizan a ex director de la Residencia Alihuen por apremios ilegítimos contra tres jóvenes con discapacidad intelectual

21 Enero, 2021

El caso data de 2017, cuando tres jóvenes con discapacidad intelectual, uno de ellos menor de 18 años, fueron amarrados a una tabla de pies y manos, en una práctica que se conoce como inmovilización forzada.

Este jueves 21 de enero, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, fue formalizado el ex director de la Residencia Alihuen de la Fundación Coanil, de iniciales G.I.R.G., por el delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, por su participación en los hechos de contención mecánica que afectaron a tres jóvenes con discapacidad intelectual, uno de ellos menor de 18 años, al interior de la residencia durante los meses de marzo y abril del año 2017.

Se trata de un caso de inmovilizaciones forzadas, que se hizo público cuando comenzaron a circular videos en los que aparecían niños y jóvenes siendo amarrados a tablas de pies y manos, y en posición boca abajo, en medio de gritos y llantos. Frente a ello, se abrió una investigación penal por las eventuales responsabilidades de quienes participaron de esos procedimientos, los cuales, de acuerdo a los hechos de la formalización, constituyeron actos de humillación y menoscabo a la dignidad de los jóvenes y niño, y no se ajustaron a la normativa establecida para abordar las situaciones de crisis y/o conflictos al interior de los centros dependientes del Servicio Nacional de Menores (SENAME).

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, querellante en la causa, ha sostenido desde el inicio del proceso judicial, la existencia de delitos de violencia institucional, al tratarse de prácticas ilícitas de contención mecánica, realizadas en personas con discapacidad que se encontraban bajo custodia del Estado.

La jefa de la sede regional Metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, explica que se trata de un caso emblemático que abre el cuestionamiento sobre este tipo de procedimientos coercitivos, que constituyen una forma de violencia específica contra las personas con discapacidad, y que el Estado de Chile tiene la obligación de erradicar, de conformidad a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La jefa de la sede RM, agrega que “desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, seguiremos trabajando para que las víctimas de este caso y otros, accedan a la justicia en igualdad de condiciones, y obtengan justicia, reparación y no repetición”.