La sede del INDH interpuso una acción penal por estos hechos, ocurridos en 2022. Un grupo de carabineros llegó a detener a una persona, pero al final se llevó también a su padre y a su hermano, a todos quienes liberó más tarde sin presentarlos a control de detención.
La sede de Antofagasta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) participó como querellante en la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Calama donde el Ministerio Público formalizó por apremios ilegítimos a los funcionarios de Carabineros M.L.C.H., J.D.Z.C., C.A.R.R. y C.I.Z.M., por el delito cometido en diciembre de 2022 en la comuna de San Pedro de Atacama.
Según los antecedentes recopilados, en el marco de un procedimiento policial, los funcionarios concurrieron a un domicilio particular y preguntaron por una persona a la cual identificaban como autora de una agresión. Los carabineros realizaron esta diligencia careciendo de autorización judicial o alguna orden de detención que respaldara su búsqueda.
Los funcionarios no sólo detuvieron a la persona que buscaban, sino que a su padre y a su hermano, quienes resultaron con lesiones por la fuerza de la que fueron víctimas. A todos los trasladaron a la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama y, luego de ser enviados al CESFAM para constatar lesiones, les indicaron que firmaran un documento y los dejaron en libertad.
Cuando volvieron a su domicilio, se dieron cuenta que la memoria que almacenaba todos los registros de las cámaras de seguridad que la familia tenía en su domicilio había sido extraída. Días más tarde, según indica la querella del INDH, este dispositivo les fue devuelto por Carabineros.
En la audiencia el tribunal resolvió aplicar arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas a los cuatro funcionarios formalizados. Además, tres de ellos (J.D.Z.C., C.A.R.R. y C.I.Z.M.) también fueron formalizados por el delito de violación de morada. El plazo de investigación se fijó en 140 días.
Querella del INDH
Es importante recordar que la sede de Antofagasta del INDH interpuso una querella por el delito de torturas en contra de quienes resulten responsables, por cuanto “se trató de conductas atentatorias a la integridad física de la víctima, que no cumplieron con estándares elementales para estimar que el uso de la fuerza pública por parte de los agentes estatales en el caso, fuera lícita”.
En la querella el INDH también solicitó oficiar al Servicio Médico Legal (SML) para que realice peritajes psicológicos y físicos a las víctimas, de acuerdo al “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, conocido como “Protocolo de Estambul”.
