El encuentro organizado por la sede del INDH, al que también concurrió la docente de la Universidad de Chile, Claudia Cárdenas, permitió estudiar los principales efectos de esta norma que se aboca al ejercicio de la función policial.
Cuando han pasado cerca de dos años y medio desde su promulgación, la sede de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) junto a la Corte de Apelaciones de Temuco, la Fiscalía Regional y la Defensoría Penal realizaron un seminario destinado a analizar los efectos que ha tenido la ley 21.560, conocida como ley Nain Retamal y que apunta a fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería.
“Ley N°21.560 Nain Retamal: Evaluación de sus impactos en la investigación y juzgamiento de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” se tituló el encuentro, donde expusieron Claudia Cárdenas, docente de Ciencias Penales de la U. de Chile; Jorge Calderara, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía; Paola Segovia, abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría, y Julio Cortés, coordinador de Litigio Regional del INDH.
A la actividad, realizada en el auditorio de la Contraloría Regional de La Araucanía, asistieron profesionales de derecho, estudiantes y otras personas expertas, de competencias directas y cuyas labores están orientadas a causas judiciales relacionadas con delitos de tortura y apremios ilegítimos.
Evaluación del INDH
Marcos Rabanal, abogado de la sede de La Araucanía del INDH, destacó que se trató de la segunda jornada de reflexión a la que convocaron a distintos intervinientes en el ámbito de la justicia. Ello, con el propósito de ver temas relacionados con los derechos humanos y cómo se aplican en los litigios que se realizan ante tribunales. El encuentro buscó llamar a la reflexión y análisis sobre estas temáticas con el objetivo de abordar temas relacionados con los derechos humanos y cómo se aplican los estándares internacionales en los litigios que se realizan ante tribunales.
Paola Segovia, de la Defensoría Penal Pública, recordó que defensoras y defensores pueden representar a civiles y también a personal uniformado. Dicho atributo, explicó, puede hacer que las y los defensores públicos sean los más criticados entre quienes actúan en el proceso, dejando en claro que las garantías fundamentales se deben respetar para todas y todos.
La abogada detalló que no siempre existen sentencias absolutorias y que existen algunos casos donde no se cumplen los requisitos para acreditar la participación de una persona en un delito determinado, lo cual conduce a su absolución, independiente si se trata de un funcionario policial o una persona civil, comentó.
Jorge Calderara, fiscal jefe de Pucón y Coordinador de la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía de La Araucanía, sostuvo que la protección de los derechos humanos es fundamental. Indicó que respecto de esta ley ha entregado una mirada práctica sobre cómo ha afectado su trabajo, así como también dio cuenta de fallos que se han obtenido durante los dos años de vigencia de la nueva normativa.
