La sede de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) logró que un funcionario de la PDI detenido por una causa del Juzgado de Garantía de Temuco fuera llevado a un recinto con condiciones de habitabilidad adecuadas. El INDH había detectado que, inicialmente, estaba privado de libertad en un calabozo sin agua ni baño y por ello interpuso un recurso de amparo.
En efecto, el pasado sábado 18 de octubre y luego de visitar el recinto de la PDI, la sede del INDH presentó esta acción judicial, debido a que la PDI mantenía a la persona detenida en una celda para ser usada sólo por lapsos breves de reclusión. Por ello, se solicitó que se le trasladara a otro sitio en el mismo cuartel.
Este jueves 23 de octubre, un magistrado del Juzgado de Garantía de Temuco concurrió hasta el lugar para constatar los hechos. En este edificio se verificó que la persona había sido trasladada a otra habitación, que contaba con los requerimientos necesarios para dar cumplimiento a la medida cautelar de modo correcto. Pese a que el recurso se rechazó, mediante la intervención del INDH se mejoraron las condiciones de la detención.
Jefe regional del INDH
El jefe de la sede de La Araucanía del INDH, Federico Aguirre, dijo que tras la presentación del recurso de amparo “la PDI cambió de lugar al imputado y lo alojó en dependencias que, efectivamente, cumplen de mejor manera con los estándares de habitabilidad y respeto a la persona privada de libertad. La intervención de la sede es la que permitió que ahora la persona cuente con condiciones adecuadas”.
Aguirre expuso que el tribunal solicitó a la PDI un informe luego de acoger a trámite el recurso de amparo: “la PDI solicitaba derivar al imputado a una cárcel común, lo que nos parece insólito en atención a que es un funcionario con 22 años de servicio, doce años de los cuales ha estado en la Brigada Antinarcóticos. Tenerlo en un recinto común lo expondría a violencias”, expresó.
Además, el jefe regional señaló que en cumplimiento del mandato del INDH “velamos para que la dignidad de todas las personas en los recintos carcelarios esté garantizada, independientemente de la función o cargo que cumplen”.
En el recurso que había interpuesto ante el Juzgado de Garantía, la sede del INDH planteaba que, en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, proclamados por la ONU en 1990, se establece que “con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
