El Instituto dio a conocer el documento en una ceremonia donde participó el consejero del INDH Juan Carlos Cayo. La instancia contó con la asistencia de autoridades y representantes de la sociedad civil.
El consejero Juan Carlos Cayo y el jefe de la sede de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carlos Baeza, presentaron el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile 2024. La ceremonia se realizó en el Auditorio Carlos Herrera del Campus Saucache de la Universidad de Tarapacá y asistieron autoridades regionales, así como académicos, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil.
A propósito del Informe del INDH, el jefe regional Carlos Baeza destacó la importancia del documento y su relevancia para los desafíos actuales del país. “Este informe no es sólo un diagnóstico. Es una hoja de ruta para avanzar en justicia, dignidad y protección, especialmente en territorios como Arica, donde la seguridad y el acceso a derechos básicos son más urgentes”, afirmó.
Entre los temas abordados, el informe del INDH destaca la situación crítica en materia de seguridad personal. En efecto, regiones como Arica y Parinacota presentan las más altas tasas de homicidios a nivel nacional. “Las políticas públicas deben incorporar con urgencia una mirada desde los derechos humanos. No podemos normalizar que nuestras comunidades vivan con miedo o que la respuesta al delito sea meramente punitiva”, subrayó.
Ejes del INDH
Otro eje relevante fue la situación de los asentamientos informales y el derecho a la vivienda adecuada. El informe del INDH revela que más de 9 mil familias podrían enfrentar desalojos en el corto plazo y sólo el 41% de los hogares en campamentos accede a soluciones habitacionales. “El Estado debe avanzar hacia una respuesta estructural que garantice el derecho a la vivienda, más allá de lógicas subsidiarias que ya han demostrado ser insuficientes”, dijo el jefe regional del INDH.
El documento también alerta sobre la falta de protección efectiva a personas defensoras de derechos humanos, particularmente en las zonas fronterizas. A pesar de avances como el Protocolo de Protección gestado en el marco del Acuerdo de Escazú, aún no existe una ley que salvaguarde esta labor. “Defender derechos humanos no puede seguir siendo una actividad de riesgo en Chile. Urge una legislación que proteja a quienes levantan la voz ante la injusticia”, enfatizó Baeza.
El evento culminó con un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente en la promoción y defensa de los derechos fundamentales. “Este informe es de todas y todos. Es una herramienta para exigir, proponer y construir un país más justo”, concluyó el jefe regional del INDH.
