La sede del INDH actúa como querellante en este caso, en el que fue posible la individualización de catorce víctimas. Al menos una de ellas era menor de edad al momento de los hechos.
La sede de Biobío del Instituto Nacional de Derechos Humanos se encuentra interviniendo en calidad de querellante ante el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción en el juicio contra cinco imputados por formar parte de una red vinculada al Tren de Aragua, que hacía ingresar mujeres al país con el fin de que ejercieran la prostitución en la ciudad de Concepción.
Todos están acusados del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, cuatro extranjeros y una persona chilena. Se trata de L.F.F.C., M.E.C.O. , C.M.T.M. , J.E.R.R., E.J.S.L. Para los cuatro primeros el INDH pide presidio perpetuo, mientras para el quinto, una pena de 10 años de internación más otra de 7 años del mismo castigo.
Según los antecedentes de la acusación del INDH, al menos desde febrero de 2022 el grupo se organizó para captar mujeres de nacionalidad venezolana o colombiana, a quienes ofrecía ingresar al país de manera clandestina para que ejercieran la prostitución. Una vez que las tenían instaladas, les decían que ellas les adeudaban 3 millones 500 mil pesos, como multa de un préstamo inicial de instalación que alcanzaba la suma de un millón de pesos).
La investigación del Ministerio Público permitió individualizar a 14 víctimas. Una es menor de edad y existen cinco de quienes se desconoce su fecha de nacimiento. Incluso, entre éstas últimas hay una víctima a la que pese a estar embarazada, igualmente los integrantes de la red la obligaron a seguir manteniendo relaciones sexuales.
Elementos presentados por el INDH
L.F.F.C., quien se identificada como miembro de la organización criminal conocida como Tren de Aragua, y M.E.C.O. realizaban la captación de las víctimas mediante diversos mecanismos, entre ellos el empleo de terceros a quienes pagaban 100 mil pesos. Las mujeres ingresaban a Chile por pasos no habilitados y las llevaban a Concepción, donde les arrendaban piezas.
Una vez en la ciudad y ya instaladas, L.F.F.C. y M.E.C.O. gestionaban los teléfonos de contacto de las víctimas, a quienes les enviaban clientes. Ellas tenían que estar disponibles en todo momento. Además, eran vigiladas por un sistema de cámara instalado en el lugar de residencia. M.E.C.O. estaba a cargo de recolectar el dinero obtenido por los servicios sexuales.
En tanto, C.M.T.M. y J.E.R.R. facilitaban las habitaciones del inmueble que arrendaban, conociendo las razones por las cuales todas estas mujeres estaban en ese lugar. Además, brindaban instrumentos para fotografiar a las víctimas y promoverlas en distintas páginas web e informaban a L.F.F.C. acerca de las conductas de las asiladas. Junto con ello, facilitaban cuentas bancarias con el propósito de que los clientes pudieran hacer transferencias con el pago por los servicios obtenidos.
Último acusado
De acuerdo con los antecedentes presentados por el INDH, E.J.S.L. cumplía labores de vigilancia en el domicilio donde estaban las víctimas, a quienes además amenazaba.
En su alegado de apertura la sede del INDH recordó que la Corte Suprema ha establecido que la trata de personas no sólo atenta contra la libertad personal de las víctimas, sino que también vulnera su integridad psíquica y física. “De modo que cuando existe multiplicidad de víctimas no nos es posible estimar que estamos en presencia de un solo delito. Existirán tantos delitos como víctimas de la misma explotación”, indicó el abogado Miguel Vargas.
También dijo la sede del INDH que otra característica de la trata es que es un delito que se suele presentar asociado a más “emprendimientos criminales”; por ejemplo, tráfico de drogas e infracción a la ley de armas. Recordó que en 2024 la ONU estimó que sólo en Europa la trata de personas había generado ganancias por cerca de 3 mil millones de dólares. Esto lleva a quienes perpetran el crimen a obtener un poder adquisitivo que los lleva a elevar el nivel de vulneraciones.
