La sede del INDH actuó como querellante en este caso desde 2016, poco después de que quedaron al descubierto las agresiones de las que fueron víctimas niños, niñas y adolescentes entre los 7 y los 14 años.
La sede de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifiesta su profunda preocupación por el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó un recurso de apelación. Esta decisión confirmó la suspensión condicional del procedimiento penal en contra de ocho imputados por hechos de violencia física en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) Playa Ancha, dependiente del SENAME.
En efecto, se trata de situaciones registradas entre 2014 y 2015: en total, 25 niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal denunciaron ser víctimas de agresiones de funcionarios. Ante esto, en diciembre de 2016, la sede del INDH interpuso una querella por el delito de apremios ilegítimos, lo que dio inicio a un largo proceso judicial.
Gestiones ante la Corte del INDH
En 2018, el Ministerio Público formalizó la investigación en contra de ocho personas por diez hechos de violencia cometidos en perjuicio de catorce víctimas. El 20 de marzo de 2025, el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la suspensión condicional del procedimiento, estableciendo como condiciones la prohibición de acercarse a las víctimas, fijar domicilio y el pago de 5 UTM a una corporación educacional de Viña del Mar, distribuidas en cinco cuotas.
El INDH presentó un recurso de apelación, argumentando que la medida impide el ejercicio pleno de la acción penal por parte de las víctimas, negando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Asimismo, en su recuento el INDH recalcó la falta de debida diligencia en la investigación de estos delitos, considerando la extrema vulnerabilidad de las víctimas, quienes tenían entre 7 y 14 años al momento de los hechos, y se encontraban bajo el cuidado de sus agresores.
Pese a estos argumentos, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió confirmar la suspensión condicional, cerrando la posibilidad de un juicio oral y de establecer responsabilidades penales en sede judicial.
La abogada regional del INDH, Javiera Tapia, indicó que los “operadores jurídicos estatales, encargados de brindar verdad y justicia a las víctimas de vulneraciones de derechos, han vuelto a vulnerar sus derechos. En este caso, es aún más grave, dado que se trataba de niños y niñas de entre 7 y 14 años, víctimas bajo custodia del Estado”, señaló.
Los imputados sujetos a esta medida son Marcela Bermúdez Berríos, José Cid Mercado, Greg Olave Aguayo, Luis Rubilar Ramírez, Leonardo Lobos Gardaix, Juan Morales Sequeira, Rafael Garín Beltrán y Luis Mandujano Arancibia.
