INDH dio cuenta del documento en una ceremonia a la que asistieron el delegado presidencial, Ricardo Sanzana, y el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola.
El consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Juan Carlos Cayo y el jefe regional de Arica y Parinacota, Miguel Peralta, presentaron ante las autoridades locales y representantes de la sociedad civil el Informe Anual Situación de los DD.HH. en Chile 2023. Entre las autoridades que asistieron se encontraban el delegado presidencial, Ricardo Sanzana, y el alcalde de la comuna de Arica, Gerardo Espíndola. La ceremonia se efectuó en el auditorio de la Contraloría Regional.
En su intervención, el jefe regional Miguel Peralta agradeció la presencia del consejero Cayo, porque impulsó “un fuerte trabajo territorial con los pueblos indígenas del norte de Chile. Además, es ariqueño y Aymara”. Luego, Peralta indicó que “la elaboración del Informe no es un objetivo en sí mismo. El documento es una herramienta, que espera aportar sobre la situación de los DD.HH. y ser analizada como base de políticas públicas”, añadió.
El Informe Anual 2023 del INDH comprende seis capítulos. El primero toca los 50 años del golpe de Estado. Profundiza en los avances y deudas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de justicia transicional. El capítulo 2 aborda las violencias y vulneraciones a los DD.HH. en la región centro sur de Chile. En tanto, el capítulo 3 analiza el principio de no discriminación y los derechos sociales.
Por su parte, el capítulo 4 examina la función policial y el orden público. Mientras, el capítulo 5 estudia la gestión de desastres en Chile desde la perspectiva de los DD.HH. El capítulo 6 analiza el derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile cometidas entre las décadas de 1960 y de 1990.
Informe INDH: capítulos destacados
En la presentación del informe, se enfatizaron los capítulos 1, 3 y 5. En cuanto al primero, el documento dice que a 50 años del golpe y a 33 años del retorno a la democracia aún se requiere avanzar en establecer la verdad, el acceso a la justicia, medidas de reparación y garantías de no repetición. Es más, según lo visto, el avance del Estado es limitado. El 73% de las recomendaciones en el marco de la justicia transicional a las que se dio seguimiento están pendientes de cumplimiento.
En tanto, en el capítulo 3 sobre discriminación se describe un panorama al que las autoridades del Estado necesitan atender. En efecto, en términos generales, para los grupos de especial protección si bien la normativa chilena tiene avances, su efectividad queda en entredicho al no existir un aseguramiento de los recursos financieros. Esto es lo que ocurre en el caso de los programas de educación inclusiva para personas con discapacidad.
Falta de capacitación
La situación se reitera al detectar que no se brinda una capacitación adecuada a los profesionales de la salud para atender a personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad. Y un cuadro similar se genera al no realizar una adecuada fiscalización y evaluación del proceso de implementación de la normativa antidiscriminación en los ámbitos de la educación, la salud, el trabajo y la previsión social.
En cuanto al capítulo sobre desastres naturales, el informe señala entre otros nudos críticos las dificultades para implementar adecuadamente la ley 21.364, que instauró el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). En particular lo que toca a las fases de mitigación y preparación, lo cual compromete el derecho a la vida.
Nudos en gestión
Aquí se advierte una falta de distribución de recursos financieros a nivel local, lo que impacta en la gestión del riesgo de desastres. Se suma la demora en la generación de planes sobre la reducción del riesgo que tengan un diagnóstico completo de las amenazas presentes en el territorio. Otro defecto está en la posibilidad concreta de que los gobiernos locales y subnacionales puedan priorizar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades técnicas. Esto último debido a que la ley que no entrega recursos frescos para su implementación.
Un último aspecto se refiere a las dificultades para desarrollar obras de mitigación, dado que implican coordinaciones intersectoriales y recursos de mayor envergadura. Este problema es más evidente en las zonas de carácter rural o con poca densidad poblacional. Para el análisis de políticas públicas, este tipo de inversión no cumple con criterios de rentabilidad.
El informe puede descargarse aquí.
