
La sede regional interpuso una acción de “Se Pida Cuenta” para conocer los resultados de un estudio que debían hacer varios organismos a fin de determinar el grado de toxicidad de desechos mineros removidos en 2021 durante las faenas de un proyecto de Vialidad.
Ante la Corte de Apelaciones de Arica, la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una acción de “Se Pida Cuenta”, porque se cumplieron seis meses desde que la Corte Suprema acogió un reclamo de los residentes de Altos de Copaquilla. Estos habían sido afectados por la remoción de residuos mineros mientras se realizaban obras de vialidad en la comuna de Putre y por ello el máximo tribunal instruyó una serie de medidas. El recurso de protección que llevó a esta decisión había sido interpuesto, entre otros, por el INDH.
Entre las medidas acogidas por la Suprema había dos que al INDH le merecen especial atención y pidió saber en qué están. La primera se refiere al desarrollo de estudios para identificar “completamente” los contaminantes en el sector y el peligro que representan para el medio ambiente y para quienes viven en esta zona. El plazo para saber lo que dicen estos estudios, ordenados entre otros al Ministerio de Obras Públicas y a la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, ya se cumplió a finales de noviembre pasado (180 días).
Sobre la segunda, la Corte Suprema asignó a los organismos recurridos hacer “procesos informativos a la comunidad” en torno a los riesgos asociados a los contaminantes. También estos organismos tenían que mantener en el lugar una “información visible y detallada” que comunique el riesgo de las sustancias.
Cabe mencionar que los hechos que condujeron a la interposición de recursos de protección ocurrieron en marzo de 2021, cuando camiones de la empresa Remavesa entraron a un sitio de acopio de ripios mineros, que sacaron de ahí sin permiso. La firma realizaba trabajos que le fueron encomendados por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en la Ruta CH-11, que se encuentra aledaña al lugar donde se encontraban los materiales. Como consigna el dictamen de la Corte Suprema, Alto Copaquilla es un área en la que por décadas se han acopiado materiales de varias operaciones y al menos desde 1998 están pendientes estudios profundos que determinen el grado de toxicidad y los eventuales mecanismos de dispersión y filtración de estos desechos mineros.