El INDH concurrió a Putre, donde un equipo de la sede regional y de la Unidad de Protección de Derechos participó en la reconstitución de escena.
Un equipo de la sede regional y la Unidad de Protección de Derechos del INDH fue parte de la diligencia en Pacollo, la que condujo el Ministerio Público. El lugar se encuentra a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.
El jefe (s) de la sede de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carlos Baeza, dijo que la marcha que condujo a la muerte del joven Franco Varas “nunca tendría que haberse hecho”. Esta es una de las primeras conclusiones después de la reconstitución de escena realizada por el Ministerio Público en el marco de la investigación del Caso Conscriptos.
La sede regional y profesionales de la Unidad de Protección de Derechos fueron parte de esta diligencia, en la cual el INDH actuó en su calidad de querellante del caso. La reconstitución se efectuó en Pacollo, en la comuna de Putre, zona a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. En ese último lugar colapsó Franco Vargas mientras cumplía el servicio militar en la Brigada Huamachuco.
“Pudimos acompañar a las familias y también las diligencias”, dijo el jefe (s) del INDH. “Destacamos como conclusión fundamental que esta marcha, con una alta posibilidad de certeza, nunca tendría que haberse hecho”, añadió Baeza. Explicó esta conclusión “particularmente por el maltrato recibido por los conscriptos, expuestos a condiciones de habitabilidad muy precarias y también respecto al tema de atención médica, que repercutió después en la muerte del conscripto Franco Vargas”.
INDH querellante desde mayo
El INDH actúa como querellante en ese caso prácticamente desde su inicio. En un principio interpuso ante el Juzgado de Garantía de Arica una querella por el delito de apremios ilegítimos, del que fueron víctimas compañeros de Franco Vargas. En esta querella el INDH solicitó realizar una audiencia para resolver la competencia en este caso.
A continuación, el INDH presentó una segunda querella, esta vez por la muerte de Franco Vargas, en la cual planteó la realización de una autopsia y aplicar en este caso el Protocolo de Minnesota. Esta es una guía del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para muertes potencialmente ilícitas.
“El INDH ha estado comprometido de manera muy relevante desde un inicio con esta causa. Particularmente en entender de que esta instancia tiene que llevarse en la justicia ordinaria y no la justicia militar. Este fue un logro importante para el INDH y en la cual vamos a seguir comprometidos”, dijo Carlos Baeza.
Pocos días después de los hechos, profesionales de la sede regional entregaron acompañamiento a las familias de los jóvenes mientras éstos tramitaban la baja del Ejército para retornar a sus hogares. La directora, Consuelo Contreras, tuvo una reunión con la madre de Franco Vargas, mientras la justicia todavía tenía que resolver en qué tribunal se quedaría el caso.
En junio pasado la Corte Suprema refrendó la decisión de primera instancia del Juzgado de Garantía de Arica y resolvió que el caso lo va la justicia ordinaria. “La naturaleza jurídica” de estos hechos “excluye” que los conozcan los tribunales militares, resolvió el máximo tribunal en una decisión histórica.
