INDH de Atacama realizó conversatorio sobre derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación

INDH de Atacama realizó conversatorio sobre derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación

22 Abril, 2022

En el encuentro, el primero de un ciclo que abordará varios derechos, se tocó el caso de una comunidad indígena Colla y también los defectos que tiene la actual institucionalidad medioambiental.

La sede regional de Atacama del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó este jueves 21 un conversatorio sobre el acceso al derecho a vivir en un ambiente sin contaminación, en vísperas de la conmemoración del Día de la Tierra. El encuentro, que fue realizado de modo virtual, constituye la apertura de un ciclo de conversatorios que está realizando la sede regional del INDH y fue moderado por Jorge Puelles, abogado de la oficina de Atacama del instituto.

En esta ocasión expusieron Sandra Pasten, asesora de comunidades indígenas en temas de resguardo territorial, que habló sobre la experiencia de la comunidad Colla en río Jorquera, entre otros casos; la abogada de la Unidad de Protección de Derechos (UPD) del INDH Natalia Labbé, que abordó la institucionalidad medioambiental del país; y Marco Caballo, geógrafo y consultor del medioambiente, quien tocó los instrumentos de participación ciudadana y los planes de descontaminación.

Durante su exposición, Sandra Pasten expuso el caso de la comunidad Colla de río Jorquera, que se constituyó como tal en 1996 si bien tenía antecedentes en un sindicato de leñadores formado en 1956. Relató que la comunidad es trashumante y se traslada de forma sostenida por el territorio, en veranadas e invernadas. Por eso, una de las primeras formas de violencia a sus hábitos fue que debieron dejar sus actividades y dedicarse a luchar contra la usurpación de las zonas por donde transitaban, planteó Sandra Pasten.

La asesora añadió que ante la irrupción de los grandes proyectos mineros las comunidades tienen dos alternativas: la resistencia activa o la resistencia en el ámbito legal. “En las comunidades indígenas lo más importante es resguardar el espacio sagrado. Mucha gente ve los territorios y dice ‘aquí es un peladero, no hay nada. Aquí hay un montón de piedras’. Pero es porque no conoce las hierbas sagradas. Estos espacios no se pueden permitir algo que impacte su existencia territorial”, señaló.

En tanto la abogada de la UPD Natalia Labbé se preguntó, luego de hacer un recorrido por la institucional ambiental del país, ¿qué está fallando? Según su opinión, “uno de los grandes problemas es la participación ciudadana. Hay algo objetivo. Las declaraciones de impacto ambiental (DIA) establecen una participación no obligatoria. Tanto las DIA como los estudios de impacto ambiental (EIA) no son vinculantes”.

Junto con ello, la abogada Labbé señaló que “hay una cuestión relevante que debería resolverse en el corto plazo: ¿cuál es el estatuto que tienen las comunidades indígenas? En el marco de la evaluación ambiental se da esta consulta indígena, pero no es claro cuál es el estatuto que ellas tienen para impugnar los proyectos. De hecho, esta posibilidad no existe en la ley y queda a criterio de la jurisprudencia de los tribunales. Éste es un tema urgente en el que hay que trabajar. Por otro lado, existe la experiencia en los casos por daño ambiental y ahí la carga de la prueba es feroz: corresponde al demandante, a las comunidades indígenas, que tienen pocas oportunidades de probar la existencia del daño porque no tienen los criterios técnicos para eso”.

Las grandes esperanzas de la abogada se encuentran en el Acuerdo de Escazú o en algún proyecto que reforme sustancialmente la institucionalidad.

En tanto, el geógrafo Marco Cabello señaló que “lo que viene es buscar mecanismos donde la comunidad se empodere, aprenda y sepa qué es un plan de descontaminación, qué es un PM 10, qué es una norma o una zona saturada, que sepa los costos de un plan de descontaminación. Para que la comunidad pueda participar de manera informada en lo que se va a proponer”. A eso añadió que en la actualidad en el proceso de construcción de los planes de descontaminación no tiene considerada en su base una participación ciudadana informada.