INDH presentó el documento en el Hotel Araucano ante autoridades de la región y representantes de organizaciones de la sociedad civil. “Se constatan múltiples vulneraciones de derechos entre particulares y grupos organizados que operan contra particulares”, dice el informe.

La consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Lieta Vivaldi y la jefa regional de Biobío, Carolina Chang, dieron a conocer el Informe Anual Situación de los DD.HH. en Chile 2023. El acto se desarrolló en el Hotel Araucano de Concepción. Asistieron la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones Silvia Mutizabal y los seremis de Justicia, Claudia Soto, y Salud, Eduardo Barra. También, representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El Informe Anual 2023 del INDH comprende seis capítulos. El primero toca los 50 años del golpe de Estado. Aquí, se profundiza en los avances y deudas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de justicia transicional. El capítulo 2 aborda las violencias y vulneraciones a los DD.HH. en la región centro sur de Chile. Mientras que el capítulo 3 analiza el principio de no discriminación y los derechos sociales.

En tanto, el capítulo 4 estudia la función policial y el orden público. Por su parte, el capítulo 5 echa una mirada a la gestión de desastres en Chile desde la perspectiva de los DD.HH. Y el capítulo 6 analiza el derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile.

Capítulos del informe del INDH

Durante la ceremonia se hizo especial referencia a los capítulos 2, 5 y 6. En cuanto al primero de ellos, el documento analizó la situación en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En esta zona del país, indica el texto, se experimentan múltiples expresiones de violencia. Cita, por ejemplo, que la vulneración del derecho a la libertad religiosa a propósito de los ataques en contra de sitios sagrados e iglesias da cuenta de violencias complejas, dinámicas y persistentes.

Es así como se constatan múltiples vulneraciones de derechos entre particulares y grupos organizados que operan contra particulares, donde la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente.

En cuanto al capítulo sobre desastres naturales, el informe señala entre otros nudos críticos las dificultades para implementar adecuadamente la ley 21.364, que instauró el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). En particular, lo que toca a las fases de mitigación y preparación, lo cual compromete el derecho a la vida.

Problemas de recursos

El capítulo advierte una falta de distribución de recursos financieros a nivel local, lo que impacta en la gestión del riesgo de desastres. Se suma la demora en la generación de planes sobre la reducción del riesgo que tengan un diagnóstico completo de las amenazas presentes en el territorio. Otro elemento es la posibilidad concreta de que los gobiernos locales y subnacionales puedan priorizar el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades técnicas. Esto último debido a que la ley no entrega recursos frescos para su implementación.

Un último aspecto se refiere a las dificultades para desarrollar obras de mitigación, dado que implican coordinaciones intersectoriales y recursos de mayor envergadura. Este problema es más evidente en las zonas de carácter rural o con poca densidad poblacional. Para el análisis de políticas públicas, este tipo de inversión no cumple con criterios de rentabilidad.

Cabe recordar que durante el último año la Región de Biobío registró una gran cantidad de incendios forestales e inundaciones. Éstas últimas a causa de la intensidad de las lluvias cordilleranas.

Adopciones

En lo que se refiere al capítulo 6, entre otras consideraciones, el informe recuerda que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños víctimas de desaparición forzada y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.

Se indica que existe una cifra aún incierta de miles de recién nacidos —niños y niñas— que en el contexto de una serie ilícitos penales fueron dados en adopción ilegal. Esto ocurrió dentro de Chile y en el extranjero. Se considera que el Estado no ha llevado adelante de oficio, con la debida diligencia, los procesos que permitan localizar el paradero de estas personas, restituirles su verdadera identidad y permitir el reencuentro con sus familias de origen.

El informe puede ser descargado aquí.