La sede del INDH solicitó a la Corte de Apelaciones de Concepción dejar sin efecto las medidas adoptadas por una escuela especial perteneciente al SLEP Andalién Sur porque infringen los derechos a la integridad física y psíquica y a la igualdad ante la ley.
La sede de Biobío del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante la Corte de Apelaciones de Concepción un recurso de protección por un estudiante con trastorno del espectro autista (TEA) al que se canceló su matrícula en una escuela especial usando la ley Aula Segura. Es un niño de 10 años, alumno de una escuela especial del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Sur (Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui).
En el recurso, la sede del INDH pide a la Corte de Apelaciones que declare ilegal la actuación del establecimiento por infringir el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a la igualdad ante la ley. Además, pide que se deje sin efecto la cancelación de la matrícula del estudiante vulnerado y se le permita continuar sus estudios en el mismo recinto, una escuela especial.
Ocurrió en noviembre pasado
Según relata el recurso, se trata de hechos ocurridos en noviembre de 2024, cuando el estudiante sufrió una descompensación. Esta situación generó la atención de profesores del establecimiento. Sin respetar el protocolo individual para estos casos, los profesionales tuvieron contacto físico con el alumno, lo que acentuó su agitación y redundó en agresiones a los docentes.
Indica el recurso que desde el establecimiento se requirió la presencia de funcionarios de Carabineros, quienes indicaron que no correspondía detener al estudiante, debido a que tenía menos de 14 años. En el tribunal de familia se abrió un proceso de vulneración de derechos, que no prosperó. Además, el establecimiento inició un proceso administrativo ocupando la ley 21.128 Aula Segura.
Aplicación de Aula Segura
De este modo, sigue el recurso, el establecimiento impuso de modo provisorio la suspensión del alumno y el 11 de diciembre informó que en virtud de la ley Aula Segura cancelaba su matrícula para 2025. Esta decisión la adoptó a partir de las agresiones a profesores (quienes se condujeron sin respetar el protocolo que disponía no tocar al estudiante) y el riesgo para otros alumnos (pese a que el hecho ocurrió en una sala sin otros niños o niñas).
En cuanto al estudiante afectado por estos hechos, luego del incidente suele sufrir episodios de ansiedad y desregulación cuando recuerda lo que pasó. Esto le sucede especialmente al rememorar la llegada de Carabineros o ver a estos funcionarios en la televisión o en la calle. La familia tuvo que apoyarse en un psiquiatra para mantenerlo compensado ante el cambio en su rutina debido a la suspensión de clases.
En su escrito, la sede del Biobío del INDH también pide a la Corte de Apelaciones que ordene al establecimiento hacer una revisión, actualización y difusión entre sus profesionales del contenido del Protocolo de Convivencia Escolar, en particular respecto de las reglas de manejos de crisis.
