En un juicio abreviado que se realizó en el Juzgado de Garantía de La Serena, una subteniente dio por aceptada su responsabilidad en hechos ocurridos en octubre de 2019 y en marzo de 2020.
El Juzgado de Garantía de La Serena condenó a la funcionaria de Carabineros J.W.N.H. a tres años bajo supervisión de Gendarmería y a la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante el mismo período por tres delitos de apremios ilegítimos perpetrados en el contexto de la crisis social. La sede de Coquimbo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como querellante en esta causa, que culminó en un juicio abreviado.
La subteniente de Carabineros dio por aceptados los hechos imputados por el Ministerio Público. El primero se registró el 21 de octubre de 2019, mientras regía el estado de excepción en La Serena: consintió y no impidió que tres detenidos fueran golpeados en un furgón policial y obligados, en reiteradas ocasiones, a cantar el Himno Nacional. Al día siguiente la misma conducta se repitió, si bien en esta oportunidad dos víctimas acreditaron lesiones debido a los golpes que sufrieron.
El tercer hecho ocurrió el 9 de marzo de 2020, en el contexto de la manifestación por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuando golpeó a una detenida al interior de un vehículo policial, la insultó y le arrojó gas pimienta en varias partes del cuerpo. Luego, cuando la víctima fue llevada a un centro de salud a constatar lesiones, la funcionaria policial la obligó a desnudarse. Esta víctima también acreditó diversas lesiones a raíz de los golpes que recibió al interior del carro de Carabineros.
El titular del Juzgado de Garantía de La Serena Alain Maldonado indicó en su fallo que “este sentenciador da por probados los hechos materia de la acusación fiscal sobre la base de la aceptación que la acusada manifestó (…) Según los antecedentes aportados por la Fiscalía en el transcurso de la investigación, es posible concluir más allá de toda duda razonable que los hechos constituyen tres delitos reiterados y consumados de aplicar y consentir que otros aplicaren apremios ilegítimos”, añade el texto.
De este modo, la funcionaria J.W.N.H. fue condenada a tres años de presidio menor en su grado medio y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. El juzgado le concedió el beneficio de sustituir la pena corporal por la remisión condicional por el período de tres años, quedando sujeta al control del Centro de Reinserción Social de Santiago.