INDH actúa como querellante en este caso, en que una de las víctimas es la hija de Camilo Catrillanca. Ella tenía 7 años cuando los funcionarios de la policía civil la sacaron violentamente del auto donde iba.
El Tribunal Oral en lo Penal de Angol declaró culpables a los funcionarios de la PDI S.A.F.S., C.M.N.V. y L.I.C.Z. de los delitos de vejaciones injustas (los dos primeros) y apremios ilegítimos (el tercero). Se trata de hechos ocurridos en la comuna de Ercilla en enero de 2021. Las víctimas fueron niñas quienes al momento de las agresiones tenían entre 7 y 14 años de edad. La sede de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante en esta causa.
Los hechos ocurrieron en el marco de un operativo policial que se desarrolló en Ercilla el 7 de enero de 2021. Ese día y tras un extenso juicio se comunicó en Angol el veredicto por el homicidio de Camilo Catrillanca. Además, y de forma simultánea a esa audiencia, en Ercilla la PDI realizó un operativo en las comunidades mapuche cercanas. Durante una de estas acciones el inspector de la PDI Luis Morales resultó asesinado.
En la ciudad de Ercilla, Carabineros y la PDI se presentaron para controlar una serie de manifestaciones. En este contexto, L.I.C.Z. participó en los ataques que recibieron dos niñas de 12 y 14 años, quienes se encontraban observando el despliegue policial. A ellas les apuntaron con armas y las obligaron a que se tiraran al suelo, en medio de insultos y groserías.
En tanto, en otro sitio de la misma ciudad, S.A.F.S. y C.M.N.V. detuvieron el auto en que iban la madre, la esposa y la hija de Camilo Catrillanca. A la niña de 7 años la sacaron con violencia del vehículo y luego la arrojaron al piso. A todo el grupo lo obligaron a permanecer ahí por varios minutos mientras les proferían amenazas e insultos.
Evaluación del INDH
La abogada Pamela Nahuelcheo, de la sede regional del INDH, junto con valorar la determinación de las responsabilidades penales, advirtió el carácter interseccional de estas violaciones a los derechos humanos, por tratarse de víctimas, niñas, mujeres y en uno de los hechos, indígenas. Respecto de ellas, el Estado y sus agentes tienen obligaciones reforzadas de garantía y protección.
