El encuentro del INDH contó con la exposición del Fiscal Regional y un abogado de la Defensoría Penal. También expuso el doctor en Derecho Javier Wilenmann.
La sede de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó el seminario “Desafíos de la justicia frente a los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Se trata de un delito cuya más reciente tipificación se realizó a través de la ley 20.968, promulgada en noviembre de 2016.
El encuentro tuvo el patrocinio del Poder Judicial, la Fiscalía Regional y la Defensoría Penal Regional. Contó con la exposición del doctor en Derecho y director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Javier Wilenmann. También, del fiscal regional, Roberto Garrido, y el abogado de la Defensoría Regional Mario Villablanca. Por parte del INDH, lo hizo el abogado coordinador de litigio, Julio Cortés Morales.
Las exposiciones tuvieron la moderación de las abogadas regionales del INDH Pamela Nahuelcheo y Karen Torres. En tanto, en representación de la Corte de Apelaciones de Temuco asistió el juez José Ignacio Rau.
Seminario de INDH en Hotel Frontera
Realizado en el Hotel Frontera, el encuentro permitió el debate entre jueces de distintos tribunales de garantía, abogados defensores, fiscales y representantes de otras instituciones que son parte del proceso judicial. Enseguida de las exposiciones se dio paso a las preguntas de los asistentes. La reunión contó con gran asistencia de público.
Actualmente, la legislación chilena define que cualquier funcionario público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplique, ordene o consienta aplicar tortura, tendrá una pena de presidio mayor en su grado mínimo. Este mismo castigo recibirá un funcionario público que a pesar de saber de la ocurrencia de torturas, no impidió o no hizo cesar su aplicación teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo.
La Convención contra la Tortura fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1984 y entró en vigor en junio de 1987. Chile ratificó este documento en diciembre de 1988.
