- INDH actuó en esta causa que quedó al descubierto luego de que se hallaran niños y niñas chilenas en la frontera entre México y Estados Unidos, cuyos padres haitianos dejaron Chile por pasos no habilitados.
- La red la componían cuatro chilenos, dos venezolanos, un peruano, un colombiano y un haitiano. Este último era quien, según la investigación, actuaba como el líder de la organización criminal.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró culpables a nueve personas por asociación ilícita y tráfico ilícito de migrantes agravado y reiterado. Cuatro personas de nacionalidad chilena, junto a dos venezolanos, un haitiano, un colombiano y un peruano integraron una organización criminal que en 2021 ingresó y sacó del país a gran cantidad de migrantes por pasos no habilitados. Este sistema incluyó a niños y cobros a las víctimas.
La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es querellante en esta causa. Se trata de uno de los delitos contemplados en la ley que creó el INDH donde el Instituto tiene la atribución de deducir acciones penales. La querella del INDH recuerda que los migrantes están muchas veces en una situación de vulnerabilidad y por ello requieren intervenciones específicas.
Luego de dar por acreditados los hechos, el tribunal oral declaró culpables a las personas chilenas W.A.D.R., X.R.J.V., A.J.A.M. y C.N.C.I. También a los venezolanos W.R.C.A. y A.J.M.R.. Al peruano J.S.L.C., al colombiano L.A.L. y al haitiano M.F.
Juicio en que actuó el INDH
El juicio oral se extendió por más de tres meses y medio. Al final el tribunal estimó que sobre la base a la prueba aportada se estableció que cada uno de los integrantes de la organización intervino de manera directa e inmediata en la perpetración de los hechos. Actuaron como “asesores” o “guías” (palabra de la jerga del tráfico ilícito para coyotes o trocheros), transportistas, falsificando documentos o encargados de alojamientos, entre otras funciones.
Todas estas labores las desarrollaron bajo las instrucciones de M.F., quien según la investigación era el líder de la organización.
Origen de la investigación
El caso partió por una denuncia que el Sename interpuso ante el Ministerio Público debido al hallazgo de niños, niñas o adolescentes chilenos. Eran hijos de padres haitianos a quienes se encontró en la frontera de México y Estados Unidos. También en países como Panamá. Estos hallazgos se producían en un contexto de abandono. Ellos partieron en una ruta migratoria desde Chile con el fin de llegar a América del Norte. La situación alertó a diversos organismos, que comenzaron a investigar. Así surgió la primera alerta sobre un eventual tráfico ilícito de migrantes, con la posible intervención de bandas en Chile.
Las primeras diligencias investigativas permitieron detectar las identidades de algunos miembros y los medios utilizados por la organización. De esta forma, en esta primera instancia, se determinó que la organización se dedicaba a facilitar la salida de ciudadanos extranjeros por pasos no habilitados. Estos procedimientos eran usados en un contexto de pandemia, con las fronteras se encontraban cerradas.
Interceptaciones telefónicas
A estos antecedentes se añadieron datos proporcionados por interceptaciones telefónicas, que permitieron conocer el modus operandi de esta organización. La nueva información permitió determinar que también se dedicaban al tráfico de migrantes hacia Chile. Los hacían entrar por pasos no habilitados.
En la práctica, funcionaban como una especie de agencia de viajes, que previo pago de los migrantes, realizaban una serie de “servicios”, como el traslado, el alojamiento y la alimentación por los diversos puntos en que debían circular las personas antes de llegar a Chile. Los cruces se hacían en condiciones de extrema peligrosidad: de noche para no ser detectados por las autoridades, en zonas desérticas cerca de campos minados y con condiciones climáticas muy adversas, con un intenso frío en las noches. Esto supuso un riesgo a la vida y la integridad física y psíquica y la salud de las víctimas.
Detención de implicados
Entre agosto y septiembre de 2021 la PDI realizó una serie de diligencias en Arica, cumpliendo órdenes de entrada y registro. Dicha actuación permitió la detención de la mayoría de los miembros de esta asociación ilícita, así como obtener testimonios de víctimas rescatadas desde una casa que funcionaba como residencia clandestina.
En total se acreditaron 18 hechos a los integrantes de la red. La sentencia será comunicada el 2 de agosto de 2024.
