La sede del INDH ofició al Ministerio Público para recabar antecedentes y conocer si en las indagaciones se ocupa la guía que elaboró la Fiscalía por caso de este tipo. Además, ha intervenido en la mesa convocada en el marco del Acuerdo de Escazú.
La sede de Los Ríos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se encuentra desarrollando una serie de diligencias tras la desaparición de Julia Chuñil. La presidenta de la comunidad indígena Putreguel, que se ubica en el sector rural de Huichaco en la comuna de Máfil, fue vista por última vez el 8 de noviembre y desde entonces se desconoce su paradero, por lo cual la sede ha oficiado a instituciones y participado en mesas de coordinación.
Luego de reunirse con familiares, el INDH de Los Ríos ofició al Ministerio Público para recabar antecedentes. Esta acción buscó también saber si la indagatoria recurre a la Guía de Diligencias Investigativas sobre Violencia Institucional, Muertes Potencialmente Ilícitas y Desaparición Forzada de Personas. Se trata de un documento de la Unidad Especializada en DD.HH. de la Fiscalía Nacional, elaborado en agosto pasado.
Además, la sede participa desde el 27 de noviembre en la mesa intersectorial convocada por la desaparición de Julia Chuñil. A la primera reunión asistieron también los seremis de Justicia y Medio Ambiente y equipos de la Delegación Regional. Luego, se sumaron la Seremi de la Mujer y también representantes del Plan Buen Vivir.
Es importante decir que la convocatoria a esta mesa forma parte del Protocolo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, gestado en cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo de Escazú con el objetivo de establecer medidas de articulación interinstitucional para proteger a personas defensoras de DD.HH. Su aplicación se establece cuando existen, entre otras, una lesión o amenaza a la propiedad u otro derecho fundamental.
El Protocolo tiene un mecanismo de activación a cargo de la Subsecretaría de DD.HH. y la posibilidad de adoptar medidas de protección cuando los hechos revistan el carácter de delito. Entre estas medidas se encuentra la convocatoria a una mesa de coordinación integrada por diversos órganos.
Informe Anual 2024 del INDH
El Informe Anual 2024 del INDH dado a conocer el pasado 10 de diciembre, dedicó uno de sus capítulos a la situación de las personas defensoras de DD.HH. En este marco, el documento recuerda que el Acuerdo de Escazú establece una serie de garantías a los derechos de acceso de personas, grupos y organizaciones de promoción y defensa de los DD.HH. en asuntos ambientales.
En efecto, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es el primer instrumento a nivel mundial que expresamente consagra la protección a personas defensoras de DD.HH. Chile suscribió este acuerdo el 22 de junio de 2022, convirtiéndose en el décimo tercer Estado parte.
Personas amenazadas
Precisamente, en el contexto de la elaboración del Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, la Subsecretaría de DD.HH. realizó en 2023 una consulta pública hacia personas defensoras, que registró que “71 habían estado en situación de riesgo o temor, y 55 habían sido amenazas en los últimos cinco años; la mayoría se identificaba con el género femenino (47); sólo 19 habían realizado una denuncia formal y a la principal institución a la que acudían para ello era al Ministerio Público.
