El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, participación pública en procesos de decisión ambiental y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La sede de Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó el seminario “Reflexiones del Acuerdo de Escazú en Magallanes”, en conjunto con la Universidad de Magallanes y la seremi de Medio Ambiente. Transmitido por YouTube, en el encuentro se analizó la situación de Chile luego de que este año el país pasó a ser parte del Acuerdo de Escazú tras su aprobación en el Senado.
El seminario contó con las exposiciones de Gabriela Simonetti, directora ejecutiva de la Asociación Kauyeken y miembro de Alerta Isla Riesco y la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) de Magallanes; Leticia Caro, representante de la Comunidad Kawésqar, Grupos Familiares Nómades del Mar; y de Alejandro Núñez Guerrero, académico y representante de la Universidad de Magallanes en Tierra del Fuego.
Cabe mencionar que el Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, participación pública en procesos de decisión ambiental y acceso a la justicia en asuntos ambientales. También contempla crear y fortalecer las capacidades y la cooperación, a fin de contribuir a la protección del derecho de las personas, presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano.
El encuentro también contó con una charla magistral por parte de Constance Nalegash, abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad Católica de Chile, quien fue impulsora y negociadora de este acuerdo. Ha representado a Chile ante foros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Convención de Cambio Climático y ante la OCDE. Actualmente es la jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente.
Nalegash abordó las claves del acuerdo, cuyo nombre es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Entre otras cosas, ella planteó que el acuerdo tiene el potencial de beneficiar a más de 600 millones de personas en el continente. “Es el único acuerdo en la región que tiene disposiciones explícitas en favor de defensoras y defensoras de derechos humanos ambientales”, señaló.
“Este es un acuerdo de piso. Es decir, Chile puede ir mucho más allá de lo que establece el tratado. Está desde un enfoque no punitivo. Es un enfoque que pone su atención en las personas y grupos en la situación de vulnerabilidad”, detalló la jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente.
