En la reunión donde estuvo la sede del INDH, se vio el acceso a la salud mental de imputados con alteraciones en sus facultades. Estas personas deben estar en centros de salud mientras se resuelve su situación.
La sede de O’Higgins del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) concurrió a la reunión de la Mesa interinstitucional de Supervisión Carcelaria. El encuentro lo convocaron los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Tuvo el objetivo de ver algunos de los temas más acuciantes en derechos humanos en contexto penitenciario.
Entre otros temas, en la reunión se abordó lo que pasa con el acceso a la salud mental de imputados que se encuentran en internación provisional. Se trata de personas con alguna grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales, lo que hace temer que atentarán contra sí u otros. Estas personas deben permanecer en los establecimientos de salud mientras se define su situación legal. Hasta ahora, no obstante, resulta imposible coordinar que estas entidades de salud pública las reciban como pacientes.
Cabe mencionar que en su Estudio de Condiciones Carcelarias 2019, el INDH informó la presencia de personas con algún tipo de desequilibro o patología en materia de salud mental en las 32 cárceles recorridas para dicho informe (entre ellas, los recintos de Rengo, Santa Cruz, Peumo y Rancagua). Ahí, se dijo que una dificultad era que no se disponía de atención mental especializada.
INDH suscribió acuerdo
El espacio interinstitucional convocado por la Corte de Apelaciones es consecuencia de un acuerdo suscrito el 6 de junio pasado. A este documento concurrieron la Fiscalía de la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el INDH y Gendarmería. Además de los representantes de estas entidades, en esta ocasión estuvo como invitada la jefa de la Unidad Forense del Instituto Psiquiátrico Horwitz Barak, Sandra Moglia.
