INDH presentó su acción penal poco después de perpetrado el hecho. En este documento pidió realizar el Protocolo de Estambul, que permite documentar casos de tortura o tratos crueles. Esto permitió acreditar en el caso los efectos que la golpiza de los soldados causó en la víctima.

Ante el Juzgado de Garantía de Iquique el Ministerio Público formalizó por apremios ilegítimos a cuatro funcionarios del Ejército. Se trata de D.A.U.C., S.E.M.M., J.P.V.V. y L.A.Z.P., todos quienes tomaron parte en una golpiza propinada a una persona en octubre de 2020 en Iquique, cometida durante el toque de queda por la pandemia. El tribunal impuso para los perpetradores la prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional.

La sede de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es querellante en esta causa. El INDH interpuso esta acción penal a pocos días de perpetrado el hecho. Pidió en el documento oficiar al Servicio Médico Legal a fin de que a la víctima se le practicara el Protocolo de Estambul, el manual del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos que documenta la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Según se dijo en la audiencia, el hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2020, mientras regía el toque de queda por la alerta sanitaria del covid. La víctima circulaba en bicicleta por el sector de las calles José Miguel Carrera y Arturo Prat. Ahí se encontró a los funcionarios del Ejército, que hacían labores de control preventivo. Los insultó y por eso los soldados lo siguieron hasta el edificio a donde se dirigía. Ahí lo redujeron y golpearon sin justificación.

Jefa regional del INDH

En la audiencia se expuso que a la víctima el Servicio Médico Legal ya le hizo el Protocolo de Estambul, que confirmó que resultó con lesiones de carácter menos graves en el rostro y un trastorno de estrés post traumático.

La jefa de Tarapacá del INDH, Lorena de Ferrari, señaló tras la audiencia que “lo importante de la formalización es que ingresamos a una investigación ya formalizada, con distintos efectos a la víctima como a los imputados. Han pasado cuatro años desde los hechos y estamos tan sólo a un año de la prescripción. Formalizada la causa evitamos la prescripción y tenemos confianza en llegar a un juicio oral”, señaló De Ferrari.