Los hechos ocurrieron en mayo de 2018 en la comuna de Quilpué y afectaron a un joven de 15 años, cuya detención fue declarada ilegal posteriormente. El condenado quedó inhabilitado para cargos públicos.
El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar sentenció a la pena de 3 años y un día al funcionario de Carabineros S.A.Q.G. debido a los apremios ilegítimos que perpetró contra un adolescente que estaba detenido al interior de la Segunda Comisaría de Quilpué. En estos hechos, ocurridos en mayo de 2018, la sede de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como querellante.
En una sentencia de mayoría, el tribunal dispuso que el cabo primero cumpla su condena bajo el régimen de libertad vigilada intensiva, por lo que se deberá presentar al Centro de Reinserción Social de Gendarmería, y además tendrá un plan de intervención individual. S.A.Q.G. quedó también con la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
El TOP dio por acreditado que, durante la tarde del 21 de mayo de 2018, un grupo de Carabineros detuvo a un adolescente, entonces de 15 años, en una plaza de la Quilpué, luego de lo cual fue llevado a la Segunda Comisaría de esa comuna. En ese lugar, S.A.Q.G. agredió al joven en los baños ubicados cerca de los calabozos, con golpes de pies y puños, causándole moretones en una pierna y sangramiento de nariz y boca, entre otras lesiones.
En el texto de la sentencia se indica que el funcionario de Carabineros aplicó tratos crueles a la víctima, que “se tradujeron en reiterados golpes de pies y puño y el intento de ahorcarlo con sus manos, acciones que le causaron dolor físico, sufrimiento y un lógico temor, ya que el cabo 1° ejecutó las maniobras estando el adolescente esposado, en el suelo y sin posibilidad de defensa”. Por lo demás, el Juzgado de Quilpué después declaró ilegal esta detención.
El TOP también destacó la aplicación del Protocolo de Estambul, formulado por Naciones Unidas para investigar y documentar eficazmente la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el juicio se concluyó que la víctima “mantenía síntomas de estrés postraumático, pues sólo tenía 15 años y esto movilizó por completo su vida, teniendo miedo a salir de su casa y a la institución de carabineros. Su madre también recibió tratamiento psicológico”.
La abogada de la sede del INDH de Valparaíso, Javiera Tapia, indicó que “destacamos que se reconozca la asimetría de poder existente entre un agente del Estado y una persona que está detenida. Y segundo, que también se reconozca que la víctima pertenecía a un grupo de especial protección y que esta asimetría de poder se acrecienta en este caso en concreto”.
