La sede realizó esta ceremonia en el Museo Artequin de Viña del Mar junto con un encuentro que abordó el tercer capítulo del Informe Anual, el que analizaron defensoras de DD.HH. Este capítulo revela una cifra preliminar de personas que se han visto en riesgo (71) o recibido amenazas (55).
La sede de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó el Informe Anual 2024 en una ceremonia en el Museo Artequin de Viña del Mar. El acto fue acompañado de una Feria Interactiva de DD.HH., cuyo propósito fue exponer cómo la garantía de estos derechos afecta la vida cotidiana de las personas. Y, además, se realizó un conversatorio destacando el capítulo del Informe Anual sobre defensoras y defensores de DD.HH.
El Informe Anual del INDH se entregó a las autoridades presentes en la actividad, entre ellas el defensor regional, Sebastián Salinero; la representante de la Defensoría de la Niñez, Paula Moreno; el director regional de Gendarmería de Chile, coronel Álvaro Millanao; y el coronel de Carabineros Lincoyán Valenzuela, en representación de la general Patricia Vásquez, jefa de la Zona Valparaíso de Carabineros. Asimismo, asistieron la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Inés Robles, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Viña del Mar, Graciela Jiménez.
La presentación del Informe Anual del INDH consideró un conversatorio para analizar el tercer capítulo, que aborda la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Chile. El capítulo también profundiza el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales e identifica aquellas situaciones de riesgos o que obstaculizan la labor de quienes defienden los DD.HH.
Participantes en conversatorio del INDH
En el conversatorio intervinieron Bárbara Astudillo, coordinadora nacional contra Aguas San Isidro; la abogada Daniela Quiroz, quien en 2019 lideró una organización que apoyó y orientó a víctimas de la crisis social; Katta Alonso, fundadora de Mujeres Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero Puchuncaví; y la abogada Sylvana Mariangel, coordinadora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Grupos de Especial Protección de la Unidad de Estudios del INDH y quien redactó el capítulo analizado.
A nivel nacional no existen cifras o un registro oficial de denuncias o agresiones a personas defensoras de DD.HH. No obstante, en el marco de la elaboración del Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humamos, tras la firma del Acuerdo de Escazú, se logró a una cifra preliminar. En 2023 la Subsecretaría de DD.HH. hizo una consulta pública que detectó que 71 personas estuvieron en riesgo y 55 fueron amenazadas en los últimos cinco años.
Este Protocolo tendría que haber estado vigente la primera semana de octubre de 2024, pero hasta que el Informe Anual fue a imprenta no había conocimiento de la creación de un formulario único para recibir denuncias o un portal digital para activar el documento.
Estrategia SLAPP
El Informe Anual del INDH también indica que el Ministerio Público tampoco cuenta con medidas específicas para proteger a personas defensoras de DD.HH. Pero más allá de eso, destaca la elaboración del Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de DD.HH., adoptado por la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. El documento usa un concepto amplio de personas defensoras, pero sus medidas sólo apuntan al ámbito penal.
De hecho, el protocolo no previene ni mitiga el efecto de acciones SLAPP que afectan a defensores y defensoras, usadas como un mecanismo de intimidación. SLAPP es la sigla para Strategic Lawsuits Against Public Participation o —en castellano— demandas estratégicas contra la participación pública. Son acciones judiciales de autoridades o personas de poder para amedrentar.
En Chile hay un caso de este tipo. En 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una condena en el caso Baraona Bray vs. Chile. Se trata de un hecho de mayo de 2004, cuando una persona declaró ante la prensa que un senador ejercía presiones políticas sobre las autoridades públicas encargadas de la conservación del alerce, para permitir la deforestación indiscriminada. El acusador fue condenado por el delito de injurias graves.
La Corte IDH reprochó la utilización de acciones judiciales en vía penal para acallar la crítica sobre asuntos de interés público. El tribunal estimo que esto “constituye un uso abusivo de los mecanismos judiciales que debe ser regulado y controlado por los Estados, con el objetivo de permitir el ejercicio efectivo de la libertad de expresión”.
El informe del INDH puede ser descargado aquí.
