
INDH dio a conocer este documento junto con un conversatorio en el que los panelistas profundizaron en dos capítulos. La ceremonia se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

La consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Constanza Valdés y el jefe regional de Valparaíso, Fernando Martínez, dieron a conocer el Informe Anual Situación de los DD.HH. en Chile 2023. A la actividad, que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, asistieron autoridades regionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
El acto de presentación se acompañó de un conversatorio donde los invitados analizaron los puntos más relevantes de dos capítulos del informe. Se trató del capítulo 5, Gestión de Desastres en Chile desde la perspectiva de los DD.HH. También, del capítulo 6, Derecho a la Identidad y a la Convivencia Familiar frente a Secuestros y Adopciones Irregulares de Niñas y Niños en Chile.
Este primer tema lo analizaron el seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Hernán Ramírez. Y por parte del INDH, lo hicieron la coordinadora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Grupos de Especial Protección de la Unidad de Estudios, Sylvana Mariangel, y la profesional de la misma unidad y redactora del capítulo Anella Guzmán.
En tanto, el capítulo sobre adopciones irregulares lo abordaron la consejera Constanza Valdés y el jefe regional, Fernando Martínez.
Capítulos del Informe del INDH
El Informe Anual 2023 del INDH comprende seis capítulos. El primero toca los 50 años del golpe de Estado. Aquí, se profundiza en los avances y deudas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de justicia transicional. El capítulo 2 aborda las violencias y vulneraciones a los DD.HH. en la región centro sur de Chile. Mientras que el capítulo 3 analiza el principio de no discriminación y los derechos sociales.
En tanto, el capítulo 4 estudia la función policial y el orden público. Mientras que el capítulo 5 observa la gestión de desastres en Chile desde la perspectiva de los DD.HH. El capítulo 6 analiza el derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile.
Temas analizados en la presentación
En cuanto al capítulo sobre desastres naturales, el informe señala entre otros nudos críticos las dificultades para implementar adecuadamente la ley 21.364, que instauró el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). En particular, lo que toca a las fases de mitigación y preparación, lo cual compromete el derecho a la vida.
El capítulo advierte una falta de distribución de recursos financieros a nivel local, lo que impacta en la gestión del riesgo de desastres. Se suma la demora en la generación de planes sobre la reducción del riesgo que tengan un diagnóstico completo de las amenazas presentes en el territorio. Otra falencia es la posibilidad concreta de que gobiernos locales y subnacionales puedan priorizar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades técnicas. Esto último debido a que la ley no entrega recursos frescos para su implementación.
Un último aspecto se refiere a las dificultades para desarrollar obras de mitigación, dado que implican coordinaciones intersectoriales y recursos de mayor envergadura. Este problema es más evidente en las zonas de carácter rural o con poca densidad poblacional. Para el análisis de políticas públicas, este tipo de inversión no cumple con criterios de rentabilidad.
Adopciones
En lo que se refiere al capítulo 6, entre otras consideraciones, el informe recuerda que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños víctimas de desaparición forzada y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.
Se indica que existe una cifra aún incierta de miles de recién nacidos —niños y niñas— que en el contexto de una serie ilícitos penales fueron dados en adopción ilegal. Esto ocurrió dentro de Chile y en el extranjero. Se considera que el Estado no ha llevado adelante de oficio, con la debida diligencia, los procesos que permitan localizar el paradero de estas personas, restituirles su verdadera identidad y permitir el reencuentro con sus familias de origen.
El informe puede ser descargado aquí.