INDH también se trasladó a los terrenos de la ocupación para tomar contacto con dirigentes de la ocupación. El fallo de la Corte Suprema que dispone el desalojo menciona respetar estándares en su ejecución.
El jefe de la sede de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Fernando Martínez, se reunió con la delegada presidencial provincial de San Antonio, Caroline Sireau Guajardo. El encuentro tuvo el propósito de analizar la situación de una toma. Al respecto la Corte Suprema acogió un recurso de protección y resolvió el desalojo del lugar.
Se trata de alrededor de 4 mil familias, según informó la delegada provincial, tomando en consideración el catastro efectuado por los organismos pertinentes. Asimismo, la delegada transmitió las acciones impulsadas con los dirigentes de la toma. El fallo que dispone la desocupación data del 22 de marzo y acoge una decisión previa de parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Es importante mencionar que, a finales de abril, la sede desarrolló un recorrido por este campamento de San Antonio. En el lugar tomó contacto con algunos pobladores, entre quienes recopiló sus inquietudes más inmediatas.
Cautelas en desalojo
El fallo de la Corte Suprema hace algunas indicaciones. Ante una medida de injerencia excepcional como un desalojo, “es imprescindible asumir la observancia de ciertos estándares mínimos o bases comunes en los términos establecidos en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos”. Así, se indica que se deben respetar las garantías de los afectados como sujetos de derecho.
El texto aboga por la especial “consideración de la situación de vulnerabilidad social y económica de las personas, grupos y comunidades posiblemente afectadas por la determinación judicial”. Esta realidad, se sostiene, “no sólo debe ser sopesada en forma previa a la ejecución de la medida, sino durante su desarrollo y con posterioridad a ella”.
