INDH de Valparaíso y Los Ríos realizaron debate para abordar brechas del Estado en cumplir obligaciones por derechos sexuales y reproductivos

INDH de Valparaíso y Los Ríos realizaron debate para abordar brechas del Estado en cumplir obligaciones por derechos sexuales y reproductivos

23 Mayo, 2022

En esta oportunidad Karina Miranda, de Histeria Colectiva Valdivia, y Javiera Mardones, de Corporación Miles, abordaron entre otros el caso de las fallas en los anticonceptivos entregados por el sistema público.

Las sedes regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Valparaíso y Los Ríos efectuaron un encuentro para abordar con dos expertas las brechas que muestra el Estado en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos sexuales y reproductivos. El encuentro se realizó en un contexto donde más de 200 mujeres resultaron embarazadas en el país debido a anticonceptivos defectuosos provistos por el Estado, en distintos centros de atención primaria de salud, según se conoció el año pasado. Justo esta semana, además, el Gobierno anunció medidas para prevenir nuevas fallas.

El encuentro, verificado este jueves 19 de manera telemática, fue moderado por la periodista de la sede Valparaíso, Javiera Figueroa. Las dos expositoras fueron la abogada integrante de Histeria Colectiva Valdivia, Karina Miranda, y la también abogada y coordinadora del Área Legal de Corporación Miles, Javiera Mardones.

En su intervención, la abogada Karina Miranda planteó que “se trata de más de 200 casos de mujeres que habían decidido no ser madre en este momento y cuidarse, confiando en el Estado. Es un caso súper potente y no es primera vez que encontramos anticonceptivos defectuosos. Ya antes una empresa también tuvo una falla y sólo pagó una multa. Es grave la forma en que se entienden los derechos de las mujeres, como que no importa mucho si esto les pasa a las mujeres”, indicó. “No se toma en consideración la planificación familiar o la situación económica en que puede estar la afectada”, dijo Miranda.

A ello, la integrante de Histeria Colectiva Valdivia añadió que “podemos ver cómo se va precarizando la vida de las mujeres, sobre todo cuando pertenecen a ciertos sectores de la sociedad. El Estado no se hace cargo, porque no existe respuesta. Una multa a la empresa que cometió el error fue como una doble bofetada. Volvemos al tema de la necesidad de una educación sexual integral. Se han realizado encuestas on line para conocer la situación, pero hay que considerar que en ciertas zonas internet no llega. Aquí vemos una nueva brecha. No existe educación sexual integral ni siquiera en los liceos, pero en las zonas rurales esta brecha es mucho más grandes. Existe un gran desafío sobre todo cuando se habla de cómo el Estado propicie… yo creo que se debe hablar de cómo el Estado garantice”.

En tanto, la abogada Javiera Mardones planteó en cuanto a las brechas, que muchas “se vieron acrecentadas a partir de la emergencia sanitaria por el covid”. La coordinadora del área legal de Corporación Miles dijo que “nosotras, en nuestra área de investigación, levantamos algunas falencias en 2020 y 2021, principalmente falta de stock de medicamentos, dificultad para acceder a la atención de salud sexual y reproductiva. También se evaluó, a través de una encuesta, un alza en el precio de los anticonceptivos, que en algunos casos llegó a 40%. Por otro lado, están las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que vienen desde la dictación de la ley 21.030 en 2017. Uno podría decir que estas cosas ocurrieron hace ya bastante tiempo, pero en la práctica tampoco resulta sencillo evaluar las consecuencias que trae una crisis de este tipo y que al final impacta en la salud”.

Javiera Mardones profundizó en la interrupción voluntaria del embarazo. “Por una parte, nos enfrentamos a la objeción de conciencia institucional y también a los altos porcentajes de objeción de conciencia individual. Esto se suma a la prohibición de publicidad en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Como corporación identificamos barreras más específicas, principalmente en el acceso a esta prestación médica para menores de 14 años. Dada esta barrera, principalmente por exigencias legales, hay rechazos infundados o respuestas inoportunas. Y no hay que olvidar en el caso de las menores de 14, en nuestro país cuando hay acceso carnal se produce una violación. Uno presume que esa es una causal para la interrupción del embarazo, pero en la práctica está siendo inoperante. La problemática no sólo pasa por la ley vigente, sino por la forma en que se implementa”.