INDH expuso ante TC sobre Proyecto de ley que reforma el sistema de libertad condicional

By Diciembre 20, 2018Noticias INDH

INDH expuso ante TC sobre Proyecto de ley que reforma el sistema de libertad condicional

Diciembre 20, 2018

La directora del INDH, Consuelo Contreras, y la consejera Margarita Romero, asistieron al Tribunal Constitucional para participar de las audiencias públicas en que diversos actores dieron conocer su visión jurídica sobre el Proyecto de ley que reforma el sistema de libertad condicional. Esto a raíz de dos requerimientos presentados, el primero por 56 diputados y, el segundo por 15 senadores, que solicitan declarar inconstitucionales los artículos 3 bis y 12.

En representación  del INDH expuso el abogado y jefe de la Unidad Jurídica Judicial, Rodrigo Bustos, quien entregó la opinión jurídica del Instituto, desde la óptica de los derechos humanos. Lo anterior, en el marco de las discusiones que ha sostenido el Consejo del INDH en materia de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Chile, y respecto de temas relativos a libertades condicionales y a beneficios carcelarios para quienes cumplen penas por delitos de lesa humanidad, como son el genocidio, la tortura y la desaparición forzada de personas.

En sus diversos Informes Anuales y minutas el INDH ha abordado los desafíos para avanzar en materia de verdad, justicia y reparación en relación a las graves, masivas y sistemáticas violaciones a derechos humanos ocurridas en Chile durante el período 1973-1990.

Recientemente  el INDH ha instado a todos los poderes del Estado y, en particular, a los órganos colegisladores a abordar y regular las libertades condicionales y las rebajas de condena conforme a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigente.

Así, el INDH en 2013, citó al Grupo de Trabajo ONU sobre Desaparición Forzada de Personas, que precisamente en relación al caso chileno ha sostenido “que todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general, sin embargo hay tres elementos indispensables que deben considerarse”.

El Grupo de Trabajo ONU agrega que: “Por un lado debe existir un debido control judicial de la concesión de cualquier tipo de beneficio. Además, debe considerarse la especial gravedad del delito al momento de evaluar la concesión de estos beneficios. Finalmente, debe existir un proceso transparente y que asegure la debida información pública acerca de los criterios utilizados para la concesión de estos beneficios y los motivos particulares de la concesión en cada caso concreto”.

Respecto de este último punto, si bien, de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a acceder a ellos, el INDH ha señalado que es importante recordar que, en el caso de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, existen requisitos diferenciados que es deber de los poderes colegisladores regular adecuadamente.

Entre estos requisitos, el INDH ha afirmado que debe considerarse la especial gravedad del delito; haber escuchado a las víctimas o sus familiares; también que el condenado haya expresado su voluntad de cooperar con la investigación, y que la conducta del condenado durante su detención revele un auténtico arrepentimiento y en ningún caso conlleven impunidad.

El INDH insta a todos los poderes del Estado y, en particular, a los órganos colegisladores a abordar y regular las libertades condicionales y las rebajas de condena conforme a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigente, diferenciando entre delitos comunes y las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior no solo se vincula con la obligación de brindar justicia y reparación a las víctimas sino también con el cumplimiento de la garantía de no repetición de estos graves delitos.

Expusieron también su postura y sus argumentos frente al Tribunal, por ejemplo, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Raúl Meza, abogado de los internos de Punta Peuco;  la Multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones;  abogados y abogadas afines a los planteamientos del requerimiento en cuestión; el diputado Miguel Crispi; la Agrupación de Familiares de ex Prisioneros Políticos; la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutivos Políticos, entre otras instancias.