Un conjunto de acuerdos para fortalecer la cooperación en materia de migración fue suscrito por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile y por las defensorías del Pueblo de Jujuy y Salta, de Argentina. Los compromisos apuntan a solucionar problemas comunes vinculados a la migración, a conflictos con personal de frontera, y a la identificación de minas antipersonales. También se coincidió en la necesidad de establecer criterios de trabajos coordinados contra la trata de personas.
Representando al INDH participaron los jefes regionales de las sedes de Arica, Tarapacá y Antofagasta, David Bahamondes, Lorena de Ferrari, y Paulo Palma, respectivamente. Por la Defensoría del Pueblo de Jujuy participó su titular, Javier De Bedia y la asesora legal, Natalia Beller, quien destacó los temas abordados y la predisposición de los funcionarios del INDH para avanzar en los problemas comunes que aquejan a la región norte de Chile y Argentina. En tanto por el Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta estuvo Nicolás Zenteno.
La reunión sirvió para convenir la concreción de misiones de observación conjuntas en los pasos fronterizos antes que finalice este año, y para establecer un mecanismo de notificación de vulneraciones de derechos en frontera. Asimismo se acordó el diseño de un folleto conjunto con información sobre la existencia de minas antipersonales, sobre derechos migratorios, y sobre lugares de contacto y asesoramiento en las regiones y provincias fronterizas.
Se avanzó además en la idea de trabajar un sistema de reciprocidad para el acceso a prestaciones de salud.
Parte preponderante de la agenda se ajustó al problema de la trata de personas y el tráfico de migrantes. En tal sentido se acordó trabajar en forma conjunta en actividades de promoción. Previo a ello se elaborará un diagnóstico de la situación y de las medidas adoptadas por los Estados para compartir buenas prácticas.
Respecto de conflictos medioambientales transfronterizos, se resolvió recolectar información de los proyectos mineros cercanos a la zona norte de la frontera chileno-argentina, así como también actualizar esta información anualmente y constituirse en observadores de la situación ambiental causada por proyectos mineros.
