INDH insta al sistema de justicia a impulsar medidas cautelares diferentes a prisión preventiva ante COVID-19

INDH insta al sistema de justicia a impulsar medidas cautelares diferentes a prisión preventiva ante COVID-19

Abril 24, 2020

En un informe el INDH consigna que, considerando los efectos que pueda tener la pandemia en las personas privadas de libertad y en coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos, se debiese propender a la imposición de medidas cautelares menos intensas y diferentes que la prisión preventiva.

Para frenar la propagación de la pandemia del Coronavirus en las cárceles chilenas, tomando en cuenta los altos niveles de sobrepoblación y hacinamiento que en ellas se registra, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó a diferentes actores del sistema de justicia un informe en derecho que establece estándares de provisión de medidas cautelares, con el objetivo de descomprimir espacios de privación de libertad.

En el documento, presentado a la Corte Suprema, a la Fiscalía Nacional, al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública, el INDH consigna que -considerando los efectos que pueda tener la pandemia en las personas privadas de libertad y en coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos- se debiese propender a la imposición de medidas cautelares menos intensas y diferentes que la prisión preventiva.

El informe del Instituto alerta que “la declaración del COVID-19 como pandemia resulta una agravante más para la situación de emergencia penitenciaria declarada, que implica un riesgo real e inminente para toda la población penal. Esta situación podría transformarse rápidamente en resistencia y violencia, tal como ha sucedido en distintos países del mundo en que sus sistemas penitenciarios han debido sufrir motines con todas las trágicas consecuencias que se derivan de los mismos, tanto para la población penal, como para los funcionarios penitenciarios”.

Preocupa particularmente al INDH la situación que viven mujeres que se encuentran embarazadas o conviviendo con sus hijos/as en establecimientos penitenciarios, la de personas adultas mayores y de aquellas que tienen patologías de base, respecto de quienes “se hace necesaria la procedencia medidas urgentes y rápidas, y en algunos casos alternativa a la prisión, a fin de evitar la propagación del nuevo virus en los establecimientos penitenciarios”.

En marzo el Consejo del INDH a través de una declaración pública hizo un llamado al Estado a “salvaguardar, con la mayor transparencia e información posible, que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y medicamentos que sean necesarios para detectar y tratar la enfermedad, regulando adecuadamente a los servicios privados de salud”.

En la misma línea el organismo colegiado del INDH sostuvo que “desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado debe adoptar medidas que protejan especialmente a las personas que pueden ser más vulnerables a los efectos de esta pandemia, por lo que el Instituto pondrá especial énfasis en levantar reportes en esos sectores de nuestra sociedad”.

Señaló también el INDH en su oportunidad que “es fundamental que existan medidas de vigilancia y detección del virus COVID-19 para todos/as quienes se encuentren bajo custodia del Estado en cárceles, centros del SENAME, comisarías, hospitales psiquiátricos, residencias de personas mayores, entre otras, con planes de contingencia sanitaria, recuperación de la salud y manejo posterior de los casos”.

Las personas privadas de libertad han sido uno de esos grupos a los que desde las primeras semanas de la propagación del Covid-19 las distintas sedes del INDH y el propio director han visitado para advertir el peligro que existe en los recintos penitenciarios frente a esta crisis sanitaria.