El día 4 de octubre pasado se conoció el hallazgo del cuerpo sin vida de Alejandro Castro, líder del Sindicato de Pescadores C-24 de la comuna de Quintero y que se destacó como uno de los participantes más activos de las protestas por la contaminación que sufrió su comuna y Puchuncaví, y que motivó recientemente una Misión de Observación, liderada por la directora INDH, Consuelo Contreras, que culminó con la presentación de un recurso de protección por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que hoy debido a la muerte del activista, se traduce en la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue los hechos.
Según señaló Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recalcado que los Estados se encuentran obligados a prevenir razonablemente las amenazas, agresiones y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos; investigar seriamente los hechos que sean puestos en su conocimiento; así como, en su caso, sancionar a los responsables y dar una adecuada reparación a las víctimas, independientemente de que los actos sean o no cometidos por agentes estatales o por particulares. La omisión de alguno de los anteriores deberes puede generar la responsabilidad internacional de un Estado por violación al derecho a la integridad personal”.
Bustos complementó: “Entendemos que los defensores y defensoras de derechos humanos, son particularmente vulnerables a riesgos asociados a su labor y en este caso se debe investigar exhaustivamente que la muerte de Alejandro Castro no tenga relación con su trabajo de activismo”.
