
INDH actúa como querellante en este caso, donde el actual director general, Ricardo Yáñez, y dos oficiales en retiro pedían conocer detalles de las violaciones a los DD.HH. de las que se les responsabiliza.
El coordinador de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Pablo Rivera, intervino en la audiencia por la cautela de garantías en el marco del caso contra los mandos de Carabineros y la crisis social de 2019. Tras escuchar a los abogados defensores, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó las peticiones de individualizar las violaciones a los derechos humanos que se les imputan.
De esta manera, el tribunal dio cuenta de las solicitudes de los abogados del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; su antecesor, Mario Rozas, y el ex subdirector de la policía uniformada, Diego Olate. Respecto a todos ellos, el Ministerio Público pidió su formalización por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Esta última audiencia se programó para el próximo 7 de mayo.
En esta causa, el INDH actúa como querellante, porque su Consejo acordó el 2 de mayo de 2022 interponer una acción penal contra de los miembros del alto mando de Carabineros. Esto, como responsables de omitir acciones concretas para poner fin a las graves violaciones a los DD.HH. perpetradas en el marco de la crisis social. Fue así como el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la admitió a tramitación a mediados de noviembre de ese mismo año.
Audiencia donde participó el INDH
Ahora, en la audiencia donde participó el INDH el abogado del general Yáñez manifestó que el Ministerio Público aún no le indica lugar y fecha de comisión de los hechos que se le imputan. Por eso, pidió que el tribunal dispusiera que la fiscalía entregue los hechos para la preparación de la defensa. En tanto, el defensor del ex general director Rozas planteó que se les indique de un modo preciso víctimas, lesiones, lugar de comisión y hora. El representante de Olate, por su parte, planteó conocer cuáles de las 986 causas le serán imputables.
El Ministerio Público pidió al tribunal el rechazo de las peticiones, por cuanto no se infringen las garantías de los imputados. Luego, la jueza Isabel Correa, quien condujo la audiencia, rechazó la cautela “toda vez que no existe derecho constitucional, ni garantía vulnerada”.