El INDH de la Región Metropolitana actúa como querellante en la causa, que va por cuarta vez a juicio. La víctima recibió el impacto efectuado a corta distancia, hecho sin cumplir los protocolos institucionales.

En el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comenzó, por cuarta vez, el juicio contra el sargento segundo de Carabineros J.A.V.B. El uniformado está acusado del delito de apremios ilegítimos, que perpetró en enero de 2017 en la comuna de San Joaquín. La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante en la causa.

De acuerdo con la acusación, se trata de hechos que ocurrieron el 19 de enero de 2017. Alrededor de las 15.30 horas de ese día, un adolescente de 16 años recibió el impacto de una bomba lacrimógena que disparó J.A.V.B. Debido al ataque, sufrió una fractura expuesta en el brazo izquierdo, de carácter grave, y una quemadura en la zona torácica.

Estos hechos se registraron a continuación de que un vehículo perteneciente a la 50 Comisaría de Carabineros llegó cerca del domicilio de la víctima, en la calle Jorge Canning de San Joaquín. Desde el interior del coche, funcionarios policiales profirieron insultos contra jóvenes que estaban en el lugar. Entonces J.A.V.B., encargado del grupo, bajó del vehículo y disparó su escopeta.

El agresor efectuó el tiro de su bomba lacrimógena a corta distancia de quien sería su víctima. Lo hizo sin cumplir los protocolos institucionales que regulan el uso de esta escopeta. Tampoco adoptó los resguardos necesarios y recurrió a un uso desproporcionado de la fuerza. Carecía de motivo para justificar su conducta, con clara intención de causar daño en el adolescente.

Solicitud del INDH

La pena solicitada por el Ministerio Público es de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y accesorias legales. Mientras que el querellante por la víctima pide 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales. En tanto, el INDH en su calidad de acusador institucional planteó un castigo de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, además de las penas accesorias legales.

Se pronostica que el juicio se extenderá entre los cuatro y los cinco días.