Cabe recordar que la joven, fue detenida en el marco de una manifestación realizada el pasado 23 de agosto. El INDH interpuso una querella criminal por este caso -el 7 de noviembre pasado- en contra de todos/as aquellos/as que resulten responsables, en calidad de autores/as, cómplices o encubridores/as por el presunto delito de apremios ilegítimos o tortura a la adolescente. Posteriormente la jueza del 14 Juzgado de Garantía se declaró incompetente, enviando los antecedentes a la Justicia Militar.
El requerimiento presentado hoy ante el Tribunal Constitucional, se justifica según el INDH, debido a que, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, “cuando una persona militar comete un delito común sobre un civil, el delito debe ser conocido siempre por la jurisdicción del ámbito civil: por una parte, porque no se puede someter a un civil a un sistema especial y, por otra, porque los delitos comunes comprometen intereses civiles, que cualquier ciudadano/a puede infringir y no sólo los que tienen la condición de militares”.
El escrito presentado por el INDH añade que “las personas civiles no pueden ser, por ningún motivo, sometidas a juzgamiento en la determinación de sus derechos por tribunales especiales dejando de lado al tribunal ordinario”.