INDH presenta recurso de amparo contra Gendarmería por plaga de chinches y brote de sarna en cárcel de Talca

INDH presenta recurso de amparo contra Gendarmería por plaga de chinches y brote de sarna en cárcel de Talca

Marzo 13, 2020

Tras una serie de visitas al Centro Penitenciario de Talca, la Sede Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos detectó un brote de sarna y una plaga chinches, razón por la cual el Instituto presentó un recurso de amparo en favor de los reclusos afectados.

Según el INDH la autoridad penitenciaria no ha ejercido ningún plan o coordinación con asistencias de salud pública que, atendido el contexto nacional respecto al brote del coronavirus, es necesario tome conocimiento y ejecute medidas para prevenir la expansión al contagio de esta enfermedad.

La sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Región del Maule presentó un recurso de amparo en contra de Gendarmería de Chile, por la grave condición sanitaria en que se encuentran un grupo de personas privadas de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, recinto en el que se detectó una plaga de chinches y un brote de sarna, situación que fue consignada por el médico de la cárcel, pese a lo cual la autoridad penitenciaria no adoptó medidas para evitar el contagio y  propagación de esta enfermedad.

La jefa regional del INDH en el Maule, Nadia Gutiérrez, recorrió el CCP de Talca junto al juez de Garantía Víctor Rojas, quienes constatan que el pasado 5 de marzo de 2020, el médico de la unidad penal, consignó que el diagnóstico de escabiosis (sarna) respecto de una de las personas por la cuales se presentó el recurso. Esta es una enfermedad transmisible, de notificación obligatoria, y que debe estar en permanente vigilancia epidemiológica.

Posteriormente se entrevistaron con otro recluso del mismo módulo, quien presentó signos de un brote similar, con predominio de erosiones en los pliegues de la piel. El interno señaló que existen otras personas que están en las mismas condiciones, y que no están con tratamiento.

Nadia Gutierrez explicó que la acción de amparo constitucional presentada por el INDH, busca que la Corte imponga a Gendarmería “la revisión del estado de salud de las personas afectadas y entregar condiciones de habitabilidad acordes a la dignidad humana”.

“También buscamos que la Corte ordene la constitución de otros organismos que colaboran en la evaluación, el control y la erradicación de este brote de sarna y estas plagas al interior de las unidades penales, como es la Seremi de Salud y también la Seremi de Justicia y Derechos Humanos”, sostuvo la jefa del INDH en el Maule.

El recurso de amparo plantea que la negligente actuación de Gendarmería en el tratamiento de estos brotes de sarna y chinches en uno de los módulos de la cárcel Talca, constituye “una afectación ilegal a la libertad personal y seguridad individual de los amparados más allá de lo razonable, exponiendo y aumentando considerablemente el riesgo de vulneración y conculcación de otros derechos igualmente importantes, tales como la integridad personal”.

Señala también el escrito que “la sobrepoblación del módulo ha provocado que las condiciones de habitabilidad sean precarias, transformando el lugar en un foco de plaga de chinches y enfermedades. Todas las personas que habitan ese módulo se encuentran con picaduras y alergias en la piel. Sólo han recibido un tratamiento de salud por parte de enfermería; no han sido derivados, ni tampoco se ha coordinado la asistencia, de algún profesional del área de la salud pública”.

“La autoridad penitenciaria no ha ejercido ningún plan o coordinación con asistencias de salud pública que, atendido el contexto nacional respecto al brote del coronavirus, es necesario tome conocimiento y ejecute medidas para prevenir la expansión y exposición al contagio de esta enfermedad u otras”, alerta el recurso.

En el escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Talca, el INDH advierte que “la negligencia con que ha actuado Gendarmería de Chile es evidente. Si estos hechos no hubieran sido denunciados por los propios privados de libertad, seguirían siendo una cuestión no atendida como ha ocurrido por más de 4 meses”.