INDH presentó Amicus curiae en conflicto jurídico que desató la licitación para explotar yacimientos de litio

INDH presentó Amicus curiae en conflicto jurídico que desató la licitación para explotar yacimientos de litio

31 Marzo, 2022

El Informe en derecho fue enviado a la Corte Suprema y también a las cortes de Antofagasta y Atacama, ante las cuales comunidades indígenas presentaron recursos para detener un procedimiento que podría afectar las zonas donde actualmente habitan.

Un informe en derecho o Amicus curiae presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a la Corte Suprema y a las cortes de Apelaciones de Antofagasta y Atacama en el contexto del conflicto jurídico que desató la licitación para explotar yacimientos de litio. El documento fue entregado a los respectivos tribunales de alzada por los jefes regionales del INDH en Antofagasta y Atacama, Paulo Palma y Marcia Quezada. En el informe se plantea el deber de consulta a los pueblos indígenas.

El consejo del INDH aprobó de manera unánime la presentación del informe en derecho. Esto, luego de que existen tres recursos judiciales interpuestos con el propósito de detener la licitación para extraer 400 mil toneladas de litio, que están divididas en cinco cuotas de 80 mil toneladas de mineral. Dos de estos recursos, uno del gobernador de Atacama y el otro de la comunidad Colla Pai Ote, fueron acogidos por la Corte de Atacama, que dispuso orden de no innovar. En Antofagasta fue acogido a trámite un recurso de la comunidad Coyo, luego rechazado pero que actualmente está en la Corte Suprema.

La licitación fue llamada el 27 de julio de 2021 por el Ministerio de Minería, el que aprobó las bases para una licitación pública, nacional e internacional, que contempla un lapso de siete años de exploración y 20 años de explotación. El Estado obtiene una regalía por la adjudicación de cuotas y un pago variable en la fase de producción. Si bien no se detallan sitios geográficos específicos, existe un documento que señala los salares y lagunas con potencial extractivo, ubicados entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama.

El INDH estimó relevante que a los tribunales puedan conocer los estándares internacionales sobre derechos humanos y pueblos indígenas, y los puedan aplicar en el caso concreto si lo estiman conveniente. Aquí son relevantes los estándares relativos a una consulta indígena.

En los informes el INDH recuerda que “desde la entrada en vigencia del Convenio N°169 de la OIT, pesa sobre el Estado de Chile la obligación de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a través de sus instituciones representativas, mediante un procedimiento realizado de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

En cuanto a las medidas específicas que ameritan este tipo de consulta, el informe dice que “dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a la elaboración de legislación nacional relativa a consultas o a la construcción de infraestructura vial en las tierras de una comunidad indígena específica. Además, el Convenio subraya particularmente la necesidad de consultar en ciertas circunstancias que incluyen la consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras”.