Luego de que el Primer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago declarara culpables en noviembre pasado a 9 funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) acusados de participar de una red de corrupción que realizó apremios ilegítimos, detenciones ilegales, allanamientos ilegales y falsificación de partes policiales, hoy el mismo tribunal realizó la lectura de sentencia, ordenando penas de prisión efectiva -de entre seis y siete años- para siete de los detectives. Los otros dos PDI quedaron en libertad, pues uno se acogió al beneficio de libertad vigilada, mientras el otro presenta la pena cumplida luego del periodo que pasó en prisión preventiva.

En este caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura en contra de 8 de los funcionarios de la PDI, los cuales fueron declarados culpables del delito de apremios ilegítimos, que es como se encuentra tipificada la tortura en el código penal chileno.

Sobre el caso

Los detectives involucrados en este caso se encontraban en prisión preventiva desde 2012, año en que esta red de corrupción se hizo pública, debido a la denuncia del fiscal Emiliano Arias, quien en conjunto con Carabineros desbarató esta red. Ninguno de los funcionarios procesados recibió sanciones administrativas durante estos años.

Según relató el fiscal al inicio de la investigación, los policías torturaron a narcotraficantes del sector para conseguir droga y especies la noche del 21 de marzo de 2012. Ese día, un grupo de tres detectives efectuó un allanamiento ilegal en una casa de Pudahuel. Su objetivo era realizar una quitada de droga y robar dinero y especies desde la vivienda ocupada por narcotraficantes. En medio de la operación, la dueña de casa, Paula Gamboa, apuñaló al detective Fabián Arévalo, agresión que fue respondida con golpes y torturas a los moradores por parte de los detectives.

En ese momento, el fiscal Arias comenzó a investigar el homicidio frustrado del detective, pero al poco andar comenzó a detectar incongruencias en las versiones de los policías. Éstos justificaron el mencionado allanamiento señalando que habían recibido una falsa llamada desde el penal Colina II que informaba sobre una presunta transacción de droga que se efectuaría en el inmueble.

Tras la intervención de teléfonos, entre otras diligencias, se logró determinar la existencia de una red de corrupción que involucraba a 10 policías.