INDH realizó conversatorio con informe que abordó la función policial durante la crisis social

INDH realizó conversatorio con informe que abordó la función policial durante la crisis social

22 Abril, 2022

Se trata del primer encuentro de un ciclo que dará a conocer las publicaciones que ha realizado la Unidad de Protección de Derechos (UPD) del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En esta ocasión se abordó el uso de armas menos letales y el trato a menores de origen mapuche.

Con un conversatorio en torno al Informe 2019 sobre la Función Policial y Orden Público, la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) comenzó este miércoles 20 un ciclo de encuentros destinados a lanzar sus publicaciones, coincidiendo con el desarrollo del Mes del Libro. En este primer conversatorio, que fue moderado por la coordinadora de Observaciones y Monitoreo del Ejercicio de la Función Policial del INDH, Sonia Lahoz, expusieron Matthew McEvoy, de Omega Research Fundation en Latinoamérica, y Daniel Morales, del área de litigios de la UPD del INDH.

El Informe de Programa de Derechos Humanos, Función Policial y Orden Público 2019 consta de seis capítulos, distribuidos en 248 páginas. De ellos, en el conversatorio fueron relevados el Capítulo Uno, relativo a Función policial y derecho a reunión, el Capitulo Tres, sobre Fundamentos normativos y empíricos: Chile en perspectiva comparada, y el Capítulo Cuatro, que toca la Función policial y conflicto intercultural, enfocado en la situación de los niños, niñas y adolescentes mapuches. Otros capítulos relevantes se refieren a la custodia policial y a las recomendaciones que ha hecho el INDH.

En su exposición Matthew McEvoy se refirió en especial a la función policial y al uso de armamentos menos letales. A modo de comparación, dijo que entre 1981 y 1999 la policía y el Ejército dispararon más de 56 mil proyectiles en el conflicto en Irlanda del Norte, causando 11 fallecidos. 1981 fue el año en que dispararon más proyectiles: 30 mil, promediando 81 al día. En Francia y en el contexto de las protestas de los chalecos amarillos, la policía disparó entre 12 mil proyectiles de impacto cinético entre el 17 de noviembre de 2018 y el 4 de febrero de 2019; es decir, 152 al día, casi el doble de los ocupados en Irlanda.

Sin embargo, de acuerdo con la documentación presentada en el Informe del INDH, Carabineros reveló que disparó más de 151 mil cartuchos de escopeta, que contenían 12 proyectiles cada uno. Esto entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. En promedio, se dispararon más de 2 mil cartuchos por día durante ese período, recordó Matthew McEvoy.

“Durante muchos años, Omega Research Foundation y otras ONG insistimos que la industria de las armas menos letales estaba creciendo, pero la normativa internacional no reflejaba esa evolución. Y fue muy interesante ver durante el estallido social que la regulación del uso de la fuerza fue uno de los temas más discutidos en cuanto a la función policial”, dijo Matthew McEvoy. “Hubo razones fundadas para creer que las armas menos letales fueron usadas de forma inadecuada e indiscriminada. Un ejemplo claro son los disparos de escopeta a corta distancia”, añadió.

Matthew McEvoy también abordó el Capítulo Tres, que da una perspectiva comparada de la policía chilena con otras, como Argentina, Costa Rica y México. “En Europa, los lineamientos más detallados para la actuación de la policía en manifestaciones han sido desarrollados por la Oficina para la Democracia y los Derechos Humanos. Ponen mucho énfasis en el diálogo, empezando por un acercamiento previo a las manifestaciones, cuando sea posible. Luego con una comunicación constante durante el evento y al final con un briefing, para hacer una evaluación conjunta de la manifestación, de la actuación policial y del cumplimiento de las expectativas de las partes”, dijo.

“Hay muchas disparidades en la forma de aplicar los lineamientos, pero sigue siendo verdad que el diálogo es fundamental para bajar tensiones. Este enfoque permite la introducción del principio de precaución, a la actuación policial. La comunicación no verbal, quitando o poniendo un casco antidisturbios, influye en el ambiente y puede bajar el nivel de tensión”, describió finalmente.

Situación de menores de origen mapuche

En tanto, el abogado Daniel Morales se refirió al capítulo sobre la Función Policial y el conflicto intercultural, con particular atención en cómo ésta ha impactado a niños, niñas y adolescentes del pueblo mapuche. Al respecto, recordó que las acciones del INDH en esta materia se realizan presentando acciones legales de tipo penal pero también acciones de amparo, cuando se toca la vulneración de derechos, en especial de estos grupos de especial protección.

Entre otros, mencionó una acción de amparo interpuesta en favor de la familia de Camilo Catrillanca luego de que fuera asesinado. En dicha ocasión fueron denunciados hechos constitutivos de hostigamientos o amenazas a la familia, entre ellos a niños, niñas y adolescentes. “La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso y ordenó a los funcionarios de Carabineros que aplicaran sus actuaciones con estricto apego a la ley y sus protocolos”, recapituló.

También mencionó un recurso en favor de la Comunidad Liempi Colipi, por hechos ocurridos en 2019, en la zona rural de la comuna de Curacautín. La comunidad ingresó a un terreno para efectuar ceremonias ancestrales. Al día siguiente hubo un desalojo por parte de Carabineros. “En este contexto, los funcionarios realizaron controles preventivos de identidad, que derivaron en la privación de libertad de NNA durante una hora y finalmente usaron elementos disuasivos. El INDH interpuso un recurso de amparo, denunciando que en este desalojo se registró un uso irracional de la fuerza. La Corte lo acogió porque señaló que funcionarios de Carabineros habían usado gases lacrimógenos hacia un sector donde había aproximadamente 15 niños y niñas y un menor de 11 meses”, indicó Daniel Morales.

“La Corte de Apelaciones de Temuco dijo que, en el ejercicio de su labor, las facultades de la policía no son ilimitadas, sino que, por el contrario, tienen un límite. Este límite es el respeto a las garantías constitucionales, entre las cuales está la libertad personal. Es decir, el límite para esta función es no provocar un mal mayor que el que estrictamente necesario. Estimó que el empleo de gases cuando las personas se encontraban fuera del recinto era ilegal”, dijo.

Además, recordó que el informe realiza una serie de recomendaciones para que se respeten los derechos a los grupos de especial protección. Se reitera que los procedimientos policiales deben hacerse con sujeción a normas. El uso de la fuerza debe ser restringida y limitada, sobre todo acogiendo los principios de no discriminación. “En estos casos, donde se hace uso de la fuerza sobre menores pertenecientes a comunidades mapuches, la discriminación puede ser mayor”, indicó el abogado Daniel Morales.