INDH realizó encuentro para analizar dictámenes de Contraloría

INDH realizó encuentro para analizar dictámenes de Contraloría

27 Abril, 2022

En el segundo conversatorio del ciclo “Los Derechos Humanos en la Práctica: Publicaciones de la Unidad de Protección de Derechos”, se vio el “Informe de Jurisprudencia Destacada”, donde se mencionó, entre otros, el dictamen que permie al INDH revisar dentro de vehículos policiales.

Con la presentación de dos expositores se realizó el segundo conversatorio del ciclo “Los Derechos Humanos en la Práctica: Publicaciones de la Unidad de Protección de Derechos”, efectuado en el contexto de la conmemoración del Día del Libro por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En esta ocasión, se abordó el “Informe de Jurisprudencia Destacada”, que se refiere en especial a los fallos de la Contraloría General de la República (CPR) y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

En el conversatorio, que se desarrolló de manera remota, hablaron sobre los alcances del informe el abogado de la Unidad de Protección de Derechos del INDH Julio Cortés, quien además estuvo a cargo de esta publicación; y el abogado y co-director del Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales (UDP), Matías Guiloff. Cabe recordar que el primer encuentro del ciclo tocó el Informe de la Función Policial 2019.

En esta nueva entrega, Julio Cortés revisó alguno de los fallos más relevantes de la Contraloría. Entre otros, destacó el que incluyó a los vehículos policiales entre los espacios que pueden ser considerados para detención de personas, y por tanto sujetos a la observación por parte del personal del INDH. Insistió en que cuando el Instituto comenzó a realizar sus tareas en manifestaciones y en los centros de detención, muchas de estas situaciones eran inéditas.

“La primera acción a nivel administrativo que el INDH debió realizar tenía que ver con el alcance exacto de sus atribuciones respecto de los recintos en los que pueda haber personas privadas de libertad (…) Esta norma se puso a prueba cuando el INDH empezó a funcionar. En 2010 – 2011 hubo todo un proceso de protestas estudiantiles, que llevaron a realizar actos en los cuales no había experiencia. Nadie había observado estas manifestaciones. El INDH tuvo que estructurar un sistema de observación”, recordó en su exposición.

En seguida, Julio Cortés dijo que “empezamos a observar manifestaciones, comisarías, recintos carcelarios. Y ahí surgió la duda en la práctica, porque se recibían denuncias de malos tratos ocurridos en el trayecto, entre la detención y el ingreso a la comisaría. Eso generó un primer conflicto sobre el concepto de recinto privativo de libertad (…) La realidad indicaba que al interior de los vehículos policiales podían ocurrir graves vulneraciones de derechos, como el caso de una persona que murió en custodia dentro de un vehículo en Rancagua y donde el INDH ejerció una acción penal”, detalló.

La pugna era así: “Carabineros estimaba que un recinto privativo de libertad no incluye a un vehículo, que además puede moverse. Pero el INDH entendía que sí. Esto se discutió mediante una solicitud a la Contraloría, que de manera muy interesante incorpora la Convención contra la Tortura y las obligaciones estatales que genera. Eso se entiende también en relación con los Principios de París. Tomando en cuenta eso, la Contraloría determinó que las instituciones como el INDH deben tener el mandato más amplio posible. Sobre el concepto de recinto privativo de libertad, debe interpretarse de una manera que permita el cumplimiento de sus objetivos y armonice con los tratados internacionales. Entonces, concluyó, es obvio que sí está entre las facultades de observación el poder ingresar a vehículos policiales”, recapituló.

Julio Cortés recordó dictámenes más recientes de la Contraloría, como cuando declaró “la ilegalidad de una medida de la Municipalidad de Santiago para que inspectores municipales pudieran revisar aleatoriamente las mochilas de los estudiantes del Instituto Nacional. No todos estos dictámenes son solicitados por el INDH, sino que los solicitan por otros órganos. Durante al algún tiempo también ocurrió que cuando una materia se refería a derechos fundamentales, la Contraloría comunicaba al INDH solicitando un informe fundado. Eso fue lo que ocurrió en este caso”, precisó el abogado de la UPD.

Caso de Inteligencia

En tanto, el co-director del Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales (UDP), Matías Guiloff, puso especial énfasis en un dictamen de la Contraloría de 2019, que fue razonado por su máxima autoridad, Jorge Bermúdez. “Si yo fuera abogado o abogada del INDH diría que este dictamen hay que tenerlo siempre a la mano. Es como un estatuto, porque habla sobre aspectos relevantes de la inserción del INDH en la administración pública, a efectos de si la PDI debe proporcionar información”.

De acuerdo a lo expuesto por Matías Guiloff, “la Contraloría aclara en primer término que el INDH puede pedir información a cualquier órgano del Estado. Segundo, que a estas solicitudes no se les aplica la ley de Transparencia como pretendía la PDI. Mal que mal, el INDH es una institución de protección de derechos y por eso resulta un contrasentido que se le apliquen los estatutos generales. Y en cuanto a incumplir estos requerimientos, la Contraloría indica que, si bien la ley no dispone sanciones específicas, rigen las normas generales de responsabilidad administrativa”, concluyó.

Guiloff dijo que “la PDI pidió reconsiderar el dictamen y fue rechazado. La Contraloría rechazó un conflicto entre las atribuciones del INDH, por un lado, y el Código Procesal Penal o la ley que establece del Sistema de Inteligencia Nacional, por el otro. El INDH puede acceder a la información protegida en la medida que esté cumpliendo sus funciones”.

Como conclusión, Matías Guiloff sostuvo que “de los dictámenes analizados fluye que, pensando en un mandato amplio en concordancia con los Principios de París, se da una interpretación que responde a la eficacia y responsividad de las potestades del INDH. Esa ha sido la regla. Se han descartado exigencias u obstáculos adicionales que deben cumplir las solicitudes de información. No se les aplica la ley de Acceso a la Información y no se encuentran restringidas por la ley de Datos”.

Sin embargo, al tenor de los dictámenes de Contraloría detectó un riesgo. “Las solicitudes han de vincularse a casos concretos de violaciones a los derechos humanos. Hay que tener cuidado con eso: de interpretarse restrictivamente puede terminar por coartar una acción preventiva del INDH. Ese es un aspecto a manejar con cuidado y estar siempre atento”, describió.

También añadió que “en el caso de información protegida por el Sistema Nacional de Inteligencia, el INDH puede solicitar esta información en la medida que sea necesaria para cumplir con su finalidad y sus funciones”.

Intervención Administrativa del INDH: Jurisprudencia de Casos ante la Contraloría de la República y el Consejo Nacional de Televisión