INDH plantea esta recomendación, entre otras, en su Informe sobre Sufragio de Personas Privadas de Libertad. En el documento expone que la falta de sitios “demuestra una desigualdad de acceso en las posibilidades de ejercer el sufragio para quienes estén recluidos en determinados espacios geográficos”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) preparó un informe tras visitar 14 cárceles para la elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo pasado. Así detectó, entre otros problemas, que varias regiones no tenían lugar de votación para personas privadas de libertad. También, que algunas personas esperaron en jaulas o calabozos antes de sufragar. Y, tal como en el plebiscito de septiembre de 2022, en ciertos recintos hubo obstáculos para acceder a la cédula de identidad.
De acuerdo al documento, el INDH detectó que en comparación al plebiscito de 2022 hubo una caída en el número de votantes. Si en 2022 lo hicieron 770 personas, en mayo de 2023 fueron 680 personas. Ello, pese a que se registró un alza en el padrón electoral. Éste se acrecentó de 1.029 a 1.089, según la documentación que se examinó.
[El documento completo del INDH se encuentra aquí].
Observación del INDH
En su observación el INDH pudo ver que el Servicio Electoral determinó la instalación de 16 mesas al interior de centros penitenciarios. Aquí destacaron casos como Antofagasta, que tuvo mesas en tres cárceles. También, la Región Metropolitana, con cinco recintos. En ocho regiones hubo un local de votación habilitado en alguna de las cárceles de su territorio.
Pero seis regiones se mantuvieron sin locales al interior de sus cárceles. Se trató de Atacama, Maule, Ñuble, La Araucanía, Aysén y Magallanes. En el informe, el INDH indica que esta situación “demuestra una desigualdad de acceso en las posibilidades de ejercer el sufragio para quienes estén recluidos en determinados espacios geográficos”, se señala.
Además, constató que “a consecuencia de traslados que no pueden realizarse, diversas personas no pueden ejercer su derecho por causas que no le son imputables”. De hecho, en Valdivia se decidió no trasladar a internos a más de 200 kilómetros. Incluso hubo una persona que pudiendo votar y estando en Temuco, no le aplicaron el traslado.
Es por ello que se recomienda “instalar locales de votación en todos los establecimientos penitenciarios”. En su defecto, se plantea “disponer de los respectivos traslados para que toda la población penal habilitada para sufragar puede ejercer su derecho”.
Espera en jaulas
El informe da cuenta también de personas entrevistadas que tuvieron que esperar el ingreso al local de votación en una jaula o calabozo. Esto es algo que se observó en el CDP Santiago Sur (ex Penitenciaría), CPF San Joaquín (cárcel de mujeres), CCP Colina 2 y CP Concepción. Las esperas variaron entre los 30 y los 40 minutos.
De acuerdo con el documento, esta es una situación que no se recopiló en el plebiscito de 2022. Así, el INDH indica que se “hace necesario recordar que debe existir un permanente respeto por la integridad personal al interior de los establecimientos penitenciarios, tanto en términos físicos como psicológicos”.
Acceso a cédula de identidad
Durante la recolección de antecedentes también se detectó una dificultad que persiste del proceso pasado: el acceso a cédula de identidad. Aunque ahora se reconoció una “labor coordinada entre las instituciones” para que las personas pudieran sacar su cédula ante el Registro Civil, “persiste una falta de garantía de gratuidad en el acceso al documento de identidad”.
En algunos casos, se solucionó a través de la gestión o donación de recursos. Pero en otros lugares, las personas tuvieron que costear sus cédulas, como se registró en Alto Hospicio. En otros sitios, como Puente Alto o Rancagua, no pudieron obtener el documento por falta de recursos. “Las soluciones responden a voluntades o iniciativas particulares en cada unidad penal”, concluye el informe.
