El INDH actuó como querellante en esta causa, iniciada por agresiones que se registraron entre 2019 y 2020 en la Residencia Los Avellanitos, ubicada en Colina. Una de las sentenciadas recibió pena de cárcel efectiva.
En un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Colina sentenció a dos funcionarias de la Fundación Coanil por los delitos de tortura y apremios ilegítimos, respectivamente, cometidos sobre víctimas con una discapacidad intelectual severa. La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos actúa como querellante en este caso.
Ambas funcionarias eran educadoras de trato directo contratadas por Coanil para la Residencia Los Avellanitos. Coanil era un organismo colaborador del Sename, servicio público que fue reemplazado 2021, tras la promulgación de la Ley 21.302, que creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ahora a cargo del ámbito proteccional.
Según se expuso en audiencia, Constanza Ramírez Lienán fue sentenciada por torturas que perpetró a siete niños, niños o adolescentes que se encontraban al cuidado de la Residencia Los Avellanitos, ubicada en la comuna de Colina. La mujer recibió una pena de 5 años de presidio efectivo, más la suspensión para cargos públicos durante el lapso del castigo.
De acuerdo con la acusación, de la que también fue parte el INDH, entre 2019 y 2020 Ramírez Lienán agredió de diversas formas a siete NNA que tenía a su cuidado, con edades que fluctuaban entre los 11 y los 18 años de edad, todos con alguna discapacidad mental. A estas víctimas las dejaba amarradas o las golpeaba en distintas partes del cuerpo.
Las víctimas se encontraban ingresadas a la Residencia Los Avellanitos en virtud de disposiciones del Juzgado de Familia de Colina.
Segunda condena
En tanto, María Verónica Vargas Carrasco fue sentenciada por el delito de apremios ilegítimos perpetrados sobre dos víctimas a la pena de 541 días de cárcel y a la suspensión para cargos públicos durante el tiempo de la condena. En este caso, el Juzgado de Colina aplicó la remisión condicional de la pena, quedando sujeta al control de Gendarmería.
Según se expuso en la acusación, esta cuidadora agredió tanto física como verbalmente a dos víctimas, de 11 y 14 años de edad, respectivamente, ambos con discapacidad intelectual severa.
Labor del INDH
En este caso el INDH interpuso una querella por tortura y apremios ilegítimos en diciembre de 2021. Es importante considerar que las funcionarias fueron formalizadas por el Ministerio Público por el delito de maltrato relevante, pero luego, a solicitud tanto del INDH como del Programa Mi Abogado, fueron reformalizadas por los delitos por los cuales finalmente resultaron condenadas.
