El Cuatro Tribunal Oral en lo Penal sentenció a un ciudadano extranjero por tres hechos, ocurridos en 2021 y 2022, en los cuales las víctimas tenían entre 15 y 16 años. La sede del INDH actuó como querellante.
El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago sentenció al ciudadano venezolano J.H.C.T. a las penas de 20 años y de 10 años de cárcel efectiva por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico ilícito de migrantes agravado, respectivamente. Se trata de hechos cometidos (1) en agosto de 2022 y (2) octubre de 2021, en que la sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante.
Según lo razonado por la sentencia, se impone la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual cometido en contra de tres víctimas (de 15 y 16 años de edad), ilícitos cometidos en 2021 y 2022. Todas las víctimas fueron captadas en sus países de origen y a dos de ellas se les ofreció trabajo en Chile como Modelo de Webcam, por lo que gestaron sus ingresos por pasos no habilitados a nuestro país, instruyéndoles durante todo el viaje a Chile lo que debían hacer. Ya en la capital, las recibieron en un departamento, pero les dijeron que debían pagarles $4.500.000.
En efecto, este pago lo tenían que hacer a través de prestaciones sexuales con clientes a donde eran trasladadas por J.H.C.T. Este último recibía un porcentaje del dinero que pagaban los clientes. Las víctimas que fueron captadas en 2022, intentaron variar estas condiciones y fueron amenazadas de muerte. Finalmente, ambas lograron escapar fingiendo que iban a lavar ropa.
Asimismo, se condenó a J.H.C.T. a una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de tráfico ilícito de migrantes agravado cometido en perjuicio de 3 víctimas.
Banda de Los Orientales
El tribunal estableció que J.H.C.T. integró una organización criminal formada principalmente por ciudadanos venezolanos y denominada Los Orientales. Se dedicaba a promover y facilitar el ingreso de mujeres por pasos no habilitados para explotarlas sexualmente. En la estructura, J.H.C.T. ejercía labores como “taxista”: estaba a cargo del traslado de las menores desde el domicilio en el que permanecían cautivas hasta el lugar en que se llevaría a cabo el servicio.
Además, se encargaba de recibir el dinero pagado vía transferencia por los clientes a cuentas que conseguía con chilenos o extranjeras que tuvieran una cédula de identidad nacional. Estos últimos servían de testaferros del dinero, que luego era entregado a los líderes del grupo.
J.H.C.T., según se estableció, mantenía una vinculación directa con diversos miembros de la organización criminal. Y no era un conductor independiente, así lo acredita su vínculo con el homicidio de un integrante de el Tren de Aragua cometido el 30 de junio de 2022 en Puente Alto. J.H.C.T. concurrió a rescatar a uno de los involucrados.
En su alegato la abogada del INDH insistió en la banda se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En efecto, recordó la crisis humanitaria en Venezuela, tal como lo acreditan informes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también indicó el INDH que el acusado facilitó y promovió la entrada ilegal de las víctimas, menores de edad quienes tuvieron que caminar por el desierto.
