La Unidad de Protección de Derechos del INDH realizó el Seminario Internacional Movilidad Humana en Chile: Estado Actual y Desafíos en Derechos Humanos. En el encuentro se recordó que en el país el delito de trabajo forzado no se encuentra tipificado.
Entre 2021 y 2024 un total de 38 personas fallecieron en las rutas migratorias, dos de ellas lactantes de seis y nueve meses de edad. Aunque en su mayoría las causas de muerte fueron por altura y clima extremo, en ocho casos la causa de muerte quedó sin determinar. De cuatro de estas personas fallecidas se desconoce la identidad.
Estos hallazgos se encuentran en un trabajo realizado por la Unidad de Protección de Derechos (UPD) del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que implicó una observación en terreno en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Magallanes y más de sesenta entrevistas con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de migrantes, organismos internacionales, organismos y actores estatales en frontera. Se realizaron también 18 acciones administrativas solicitando información oficial sobre las temáticas vinculadas a la gestión fronteriza.
La información fue presentada en el Seminario Internacional Movilidad Humana en Chile: Estado Actual y Desafíos en Derechos Humanos. En el encuentro, desarrollado en el Auditorio del Colegio Médico, expusieron autoridades y expertos nacionales y extranjeros, quienes compartieron sus conocimientos respecto de los avances, retrocesos y desafíos en DD.HH. vinculados a la trata de personas, tráfico de migrantes y trabajo forzoso y a la gestión de pasos fronterizos.
Directora del INDH
El seminario fue inaugurado por la directora del INDH, Consuelo Contreras, quien recordó que “estos son tiempos difíciles para los DD.HH. Asistimos a un período de ataque. Hoy es difícil que sean vistos con buenos ojos por la ciudadanía y fundamentalmente por importantes sectores en el poder”, dijo.
Contreras indicó que “hace más de una década el INDH ha documentado las vulneraciones que enfrentan las personas migrantes. Vemos con preocupación que, al intentar criminalizar la migración, quienes se ven más perjudicadas son las víctimas de trata y tráfico de seres humanos. Este fenómeno, que creíamos no existía, se está develando en todo el país”.
En efecto, el primer panel del seminario del INDH abordó precisamente la trata de personas, el tráfico de migrantes y el trabajo forzoso.
Primero expusieron Cinthia Belbussi (directora regional para Latinoamérica de Free The Slaves), Miguel Barros (abogado del Departamento de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo); Carla Serazzi (del Ministerio de Relaciones Exteriores); Carolina Rudnick (presidenta de la Fundación Libera contra la trata de personas y la esclavitud en todas sus formas); Carolina Suazo (fiscal adjunta de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte); Manna Selassie (oficial de DD.HH. Embajada de EE.UU.), Camila Grebe y Paulina Pérez (abogadas del INDH Región Metropolitana); y Martín Oyarzo (Jefe de Participación Ciudadana y Equidad de Género de la Dirección del Trabajo).
Trabajos y trata de personas
Cinthia Belbussi indicó que a nivel global entre 2019 y 2022 la identificación de víctimas de trata disminuyó 7%, mientras que los casos relacionados con trabajo forzado se incrementaron 37%. En contraste, las condenas se redujeron 26%.
“Cuando vemos estas incoherencias nos empezamos a hacer preguntas”, dijo Belbussi. “¿Esto quiere decir que la situación mejoró o que la calidad de las investigaciones deja algo que desear?”, prosiguió.
“A nivel global tres personas por cada mil habitantes están ahora, mientras hablamos, en situación de trabajo forzado. Por ejemplo, en Argentina hay 46 millones de personas, quiere decir que 110 mil personas sufren trabajo forzado. Un ejército de esclavos. Subrayo que es una estimación”, dijo.
Casos en la agricultura
Carolina Rudnick expuso una síntesis de su investigación sobre trata y trabajos forzados en la agricultura, publicado en el Anuario de DD.HH. de la Universidad Diego Portales en 2024. “Chile tiene la paradoja de que hemos tipificado la trata con fines de trabajos forzados, pero no tenemos tipificado el trabajo forzado, lo que incumple obligaciones internacionales”, recordó.
La especialista cuestionó que “la política pública y los paradigmas con los cuales funcionan las agencias gubernamentales se han quedado fijos en un tipo de criminalidad que exige sofisticación, células, participación en una serie de delitos. Eso minimiza las dinámicas del trabajo forzado, que no utiliza el Tren de Aragua, sino que contratistas, reclutadores laborales, agencias de empleo y transporte de pasajeros”, detalló.
“Si vamos a la estadística de detección de trata de la Dirección del Trabajo, en 2021 hubo cinco denuncias. Ninguna en la agricultura a pesar de que las notas de prensa permitieron detectar más de 10 situaciones. En 2022 se identificó un caso en la agricultura, pero en la prensa hay 18 noticias de casos. En 2023 si bien tenemos cuatro denuncias, son en sectores que no se condicen con las notas de prensa. Hay ocho situaciones que no se encuentran reflejadas en la estadística oficial”, describió.
La fiscal Carolina Suazo dijo que “en el tráfico de migrantes en muchos casos se podría decir que la relación se termina en el momento en que la víctima ingresa. Pero las víctimas quedan expuestas en el corto y mediano plazo a ser víctimas de trata laboral o con fines de explotación sexual”.
Suazo indicó que “estamos al debe. Hay temas culturales de por medio que inciden en la detección y la investigación. Es urgente por lo menos replicar los avances que hemos tenido en trata de personas con fines de explotación sexual y poder superar la situación de que no se sanciona el trabajo forzado”.
Descripción de las víctimas
Las abogadas de la sede regional metropolitana del INDH, Camila Grebe y Paulina Pérez analizaron las características de las víctimas de trata. En particular, indicaron que “no se reconocen víctimas. Difícilmente si alguien no es capaz de identificarse como víctima va a exigir que el Estado reaccione y entregue protección”.
“En el tráfico de migrantes y la trata”, indicaron, “tenemos personas que por su misma vulnerabilidad han accedido. Hay un cierto consentimiento. Aquí es relevante lo que dice la Convención de Palermo: el consentimiento no es válido, porque está viciado por las mismas características del delito”.
Además, dijeron que “las víctimas están desarraigadas, solas en el lugar de explotación. En muchos casos no hablan el idioma local y tienen una profunda sensación de aislamiento. En los casos en que hemos litigado hay dificultad para identificarlas. Además, parece que tampoco son detectadas: muchas veces la autoridad tiene a la vista un caso y no lo detecta. Tiene que pasar una situación más grave para volver atrás”.
Situación en pasos fronterizos
La segunda parte del seminario trató la temática de DD.HH. y gestión de pasos fronterizos: reflexiones y desafíos para una política humanitaria. Aquí expusieron Rebeca Cenalmor – Rejas (jefa de Oficina Nacional de ACNUR) y Marjorie Dinamarca (abogada de la Unidad de Protección de Derechos del INDH). Esta parte tuvo un segundo encuentro que abordó las Perspectivas regionales: derechos humanos y gestión fronteriza en contextos locales, a cargo de Lorena De Ferrari (jefa del INDH Tarapacá), Carolina Stefoni (docente e investigadora de la Universidad de Tarapacá y del COES) y Gabriela Hilliger (directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes).
Marjorie Dinamarca dio a conocer el seguimiento que el INDH ha realizado a la gestión en fronteras, que incluyó una observación en terreno en octubre de 2024. La UPD visitó cuatro regiones (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Magallanes) y realizó más de 60 entrevistas.
El INDH pudo constatar que entre 2021 y 2024, 38 personas han fallecido en la frontera, en su mayoría en Tarapacá. De algunas se desconoce nacionalidad. “Muchos ingresos por pasos no habilitados ocurren por la zona de bofedales. Por las características de los bofedales se han encontrado personas fallecidas en esa parte en el agua. Muchas no han sido identificadas y se desconoce el motivo de muerte”, dijo.
La abogada del INDH indicó que “una de nuestras preocupaciones dice relación con las condiciones de los funcionarios públicos en frontera, considerando que se exponen a difíciles condiciones climáticas y a más de 4 mil metros de altura en algunos casos. Cuando hablamos de protección a los derechos humanos en la frontera no nos estamos refiriendo solamente a las personas migrantes que ingresan que, por supuesto, son una de nuestras preocupaciones, sino también a las personas que habitan estas fronteras cotidianamente”, dijo.
Observación del INDH en Colchane
La jefa del INDH de Tarapacá, Lorena De Ferrari, profundizó en la situación de las personas en movilidad en Colchane. Indicó que en el país el tema de la migración “se ha asumido desde la seguridad nacional. Tenemos la dificultad de hacer entender a las autoridades que en la migración hay que proteger los DD.HH. de las personas en movilidad humana. Se criminaliza la migración y se habla de crimen organizado, pero la experiencia que tenemos indica que las personas del crimen organizado no entraron de manera irregular. Lo hicieron por el aeropuerto de Santiago. Es una caricatura”, indicó.
En Colchane, dijo la jefa regional del INDH, ha disminuido el flujo de personas. Indicó además que no existe un dispositivo de emergencia para las personas, porque se cerraron los dispositivos de Iquique y Colchane. Tampoco hay movilización para bajar a Iquique ni comida. Solamente la atención de la posta, que está colapsada. “Los solicitantes de refugio no tienen ninguna posibilidad de solicitarlo”, concluyó.
