• El jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, David Bahamondes, se refirió sobre las vulneraciones de que fueron víctimas 46 conscriptos que cumplían su servicio militar en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco” del Ejército de Chile en Arica y Parinacota, y que culminó con uno de los jóvenes fallecido.
• El personero del Instituto denunció que entre los hechos “ha habido insultos, tratos denigrantes y agresiones de carácter físico y también forzamiento a realizar conductas de violencia entre los propios conscriptos por orden o instigación de los funcionarios militares”, por lo que se presentará una querella.

Tras conocerse la situación que afectó a 46 jóvenes que realizaban su servicio militar obligatorio en el Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco” del Ejército de Chile en Arica y Parinacota, y que culminó con el joven Franco Vargas (19) fallecido el pasado 27 de abril, y con otros 45 reclutas con su salud dañada, el INDH activó sus alarmas e inició una serie de gestiones para determinar qué sucedió y conocer las responsabilidades ante lo que definió como “derechamente una violación de derechos humanos”, según palabras de David Bahamondes, jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del INDH.

Por informaciones de prensa y testimonios de los familiares de los conscriptos, el INDH tomó conocimiento del caso, oficiando al Ejército y a la Seremi de Salud para conocer los detalles del estado de salud de los 45 jóvenes que sobrevivieron a la campaña realizada en el altiplano, específicamente en Putre, cuya salud también resultó dañada. Al inicio de las gestiones del Instituto, siete se habrían encontrado hospitalizados: dos en condición grave por lo que fueron trasladados al Hospital Militar de Santiago y cinco en el Hospital de Arica. Otros 38 permanecían aislados en la unidad militar.

“En el Instituto tratamos de ser bastante cautelosos con nuestras acciones legales y además tenemos un mandato que nos permite pedir información a cualquier autoridad de la República. Hemos oficiado a Seremi de Salud local y al Ejército, para que nos informe sobre diversas circunstancias que tienen que ver tanto con la salud de estas personas, como su situación actual y los resguardos que se tomaron respecto de estos conscriptos”, puntualiza Bahamondes.

Posteriormente, durante el fin de semana, la sede regional de Arica y Parinacota del INDH presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos. También acompañó a los familiares que se apostaron en las afueras del recinto militar, donde el Instituto -encabezado por la jefa regional (s), Melissa Figueroa- requirió conocer la situación de forma directa.

Mientras se encontraba en el lugar, cuatro de los afectados salieron a reunirse con sus familiares luego de que recibieran el alta médica y la baja del Ejército. Luego, el equipo de la sede los acompañó a la Villa Albergue de la Municipalidad de Arica, donde permanecerían con sus familias.

Durante la noche del domingo y tras conocerse que algunos de los conscriptos serían trasladados a Santiago, la sede regional Metropolitana, representada por su jefa Beatriz Contreras, dio continuidad al trabajo de su par de Arica y Parinacota, y junto a la senadora Fabiola Campillai, se hizo presente en el Grupo 10 de la FACh, donde el Ejército prohibió tener contacto con los afectados. Sin embargo, el INDH logró obtener el relato de algunos.

Querella del INDH

“Aquí hubo derechamente una violación a los derechos humanos, lo afirmamos categóricamente. El Instituto se constituyó en las afueras de las instalaciones militares, tuvo contacto con las familias de estos jóvenes, y ya en las últimas horas de anoche, pudo entrevistar a jóvenes que voluntariamente quisieron otorgar su relato. Y se confirman las vulneraciones que se han ido señalando por medios de prensa. Nosotros creemos que estos hechos van más allá de una negligencia, ya presentamos una denuncia penal y ahora presentaremos una querella”, sostuvo David Bahamondes.

El personero del Instituto profundizó que “hay múltiples hechos algunos de los cuales tienen alta gravedad. Naturalmente están los que refieren a falta de equipamiento adecuado, pero que deliberadamente no fue utilizado. Pero sobre todo y los hechos más graves son los relativos a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”.

David Bahamondes denunció también que “ha habido insultos, tratos denigrantes y agresiones de carácter físico y también forzamiento a realizar conductas de violencia entre los propios conscriptos por orden o instigación de los funcionarios militares”.

Respecto de la posibilidad de que este caso sea revisado por la justicia militar, Bahamondes sostuvo que “Hay un estándar claro en derechos humanos que para acceder a una justicia independiente e imparcial es indispensable que este tipo de casos sea conocido por la justicia ordinaria. En ese sentido, estamos presentando la querella ante el juzgado de garantía correspondiente y esto tendrá que llevarlo en nuestra opinión la Fiscalía de Arica y Parinacota”.

Respecto del acceso a la información sobre el caso y las acciones legales a seguir, el jefe (s) de la Unidad de Protección del Instituto señaló que “hemos tratado de recabar información, se intentó tener una comunicación, pero se nos señaló que todo se respondería por oficio, pero lo cierto es que no ha sido tan fácil. Los oficios no han sido respondidos y de hecho vamos a insistir porque necesitamos recabar más información”.

“El Estado debe velar por los derechos fundamentales de los jóvenes que están cumpliendo su servicio. Hay una obligación de rendir el servicio militar en nuestro país, lo importante es que cuando los jóvenes están bajo el cuidado del Estado y están cumpliendo su servicio, tiene que haber un nivel particular de cuidado de sus condiciones de vida, y de su salud física y psíquica. Eso es lo que creemos que tiene que resguardarse, y en este caso no ocurrió, y por lo tanto estamos haciendo las acciones penales”, sentenció David Bahamondes.